Un gobierno de facto, como el que derrocó hace 10 días al presidente constitucional Manuel Zelaya en Honduras, no puede sobrevivir en un mundo globalizado como el actual. Así opina la ministra de Finanzas del gabinete zelayista, Rebeca Patricia Santos, quien fue hasta el mes pasado nada menos que el enlace entre su país y la banca internacional, interlocutora con las autoridades hacendarias de Washington y las capitales europeas, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial (BM).

Considera que para la comunidad internacional es un deber moral mantener la presión –es decir, el embargo comercial y crediticio– sobre las cúpulas políticas y económicas que fraguaron el golpe de Estado en Tegucigalpa hasta lograr el restablecimiento del orden legal y la restauración de nuestro presidente. Adelanta que, en caso de darse un escenario negativo, en el que el régimen que preside Roberto Micheletti prevalezca cinco meses más en el poder, hasta los comicios del 27 de noviembre, el gobierno que surja de ese proceso no tendrá ninguna legitimidad y no podrá gobernar.

A la ministra Santos el golpe en su país la sorprendió mientras asistía en Nueva York a una reunión de ministros de Finanzas de naciones en desarrollo. Desde entonces no ha podido regresar a Honduras, donde el resto de los funcionarios del régimen depuesto fueron privados de sus cargos y la mayoría enfrenta órdenes de aprehensión. Ahora está en México.

Egresada de maestría en el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo y ex funcionaria del BM especializada en operaciones de programas sociales, Santos asegura que sus opiniones no son ideológicas. Soy sobre todo técnica. Y basada únicamente en cifras, puedo decirle que Honduras, uno de los países más inequitativos del mundo, donde 10 por ciento de la población es dueña de 90 por ciento de la riqueza y los ingresos, no va a sobrevivir en estas condiciones.

Los pobres comparan

Al estamento político que se resistió a los cambios sociales –que impulsaba Zelaya– el cual, en su opinión, se quedó anclado en el siglo 20, sin comprender las particularidades de la vida en el nuevo milenio, “se le olvidó el fenómeno que llamo ‘contagio global’, al cual los hondureños no son ajenos”.

Explica: Nuestras cúpulas económicas y políticas nunca toman en cuenta en sus cálculos a 90 por ciento de la población que vive en pobreza o pobreza extrema. Estos pobres, sin embargo, cada vez están más expuestos al mundo moderno. Tienen que emigrar para sobrevivir. Al emigrar, pueden comparar. Contrastan la miseria de sus comunidades con otras realidades donde hay más servicios, más cultura, más oportunidades. Hondureños que viven en un país donde los afiliados a la seguridad social no llegan siquiera a 500 mil contrastan incluso con los países de la región. Saben que en Costa Rica la población tiene una escolaridad de 12 años, mientras en Honduras es de seis. Saben que El Salvador, tan cerca, tiene entre nueve y diez años de escolaridad. Tenemos más de un millón de compatriotas que viven en Estados Unidos, quienes contrastan no sólo la situación económica, sino la organización social. Es una sociedad más demandante.

–¿Quiere decir que por esa exposición tendrán menos tolerancia a un gobierno no democrático?

–Exactamente. Ustedes en México han documentado muy bien sus procesos sociales, sus revoluciones. Y detectan muy bien los disparadores de los movimientos sociales y también de los procesos de retroceso. Aplicado a Honduras, vemos cómo un estamento político se quedó viviendo en las postrimerías del siglo 20.

–¿Tiene entonces oportunidad de sobrevivir en este siglo 21 una propuesta como la de Micheletti?

–Desde mi punto de vista muy objetivo, plano casi, de observar cómo se ven los contagios en medio de la crisis global, que llegan por sus sistemas financieros, de la banca, el comercio internacional y el desplome de las exportaciones, considero que no.

–¿De quién depende, entonces, el restablecimiento de la institucionalidad?

–Es responsabilidad de todos los países preservar la democracia, pero sobre todo de las grandes potencias. Deben mantener la presión para que las cúpulas de Honduras se sienten de manera civilizada a discutir los temas fundamentales. Eso pasa por restaurar el gobierno de Zelaya en lo inmediato, para que el proceso electoral que tendrá lugar en menos de cinco meses pueda realizarse sin violentar la legalidad.

–¿Cuál debe ser el siguiente paso en la presión al gobierno de facto? Las sanciones económicas tienen doble filo; afectan, muchas veces más que a nadie, a la población.

–En efecto, dada la gran dependencia de nuestra economía. Tenemos más de 200 millones de dólares en proyectos con los organismos multilaterales, que están parados. No sólo hay un costo de imagen en el exterior, porque la estabilidad siempre es un referente muy importante para los inversionistas. Un embargo así va a paralizar al país.

Las horas contadas

–¿Cuánto puede durar el gobierno de Roberto Micheletti con esta presión?

–Nunca se me ocurrió pensar esto ni en el peor escenario, pero no dudo que en esta situación la acción de la comunidad internacional debe ser contundente.

–¿Estas medidas lograrán hacer caer al gobierno golpista a corto plazo?

–Creo que debemos referirnos más a las cúpulas económicas.

–Hasta ahora la respuesta internacional ha sido contundente y la condena mundial unánime. Sin embargo, no ha logrado restablecer la legalidad. Mientras, el gobierno que encabeza Micheletti está diciendo que se va después de las elecciones.

–En primer lugar, si se celebran durante el gobierno de facto las elecciones estarán viciadas. Hasta ahora ninguno de los candidatos en la contienda se han pronunciado sobre el golpe, porque saben que la población está muy pendiente de cualquier cosa que digan. En la práctica, las campañas se han suspendido.

–¿Y si eso ocurre?

–Un gobierno que emane de elecciones bajo el golpe no tendrá legitimidad. Yo creo que a ningún candidato le conviene ser electo en estas condiciones.

–¿Cómo se puede lograr ese retorno? ¿Con quién se debe negociar? ¿Con el ejército?

–Precisamente, con las instancias internacionales que han estado gestionando. Lo que no es negociable es el retorno a la institucionalidad democrática. A partir de 1984 el ejército está plegado a la institución civil. Hay un Ministerio de la Defensa conducido por civiles. La policía es civil.

–Pero la fuerza armada ejecutó el golpe.

–Hay diferencias entre la institución armada y personas que se insubordinaron. Consideramos que sí hay dentro de las fuerzas armadas oficiales profesionales, con niveles suficientes de patriotismo, que sí van a permitir restaurar el orden. Yo quisiera asentar muy claramente que ésta es una crisis de los estamentos políticos, de los partidos tradicionales que han tenido el dominio del país en el último medio siglo. Dentro del Partido Liberal, hace tiempo que se dio el choque entre la visión más conservadora y la visión más avanzada del presidente Zelaya.