El Estado mexicano aceptó la desaparición forzada y probable muerte de Rosendo Radilla Pacheco durante la audiencia del juicio que enfrenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ese delito de lesa humanidad; sin embargo, rechazó los cargos en su contra con el argumento de que el tribunal internacional no tiene competencia en el caso. Sería incorrecto que la corte juzgue a México por hechos que sucedieron años atrás, el país de hoy es distinto al de ayer.

Los representantes oficiales mexicanos, encabezados por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, argumentaron ante la corte que la desaparición de Radilla –a manos de elementos del Ejército– sucedió el 24 de agosto de 1974, mucho antes del que el Estado mexicano aceptara la competencia contenciosa de la corte, en 1998.

Ayer, en San José de Costa Rica, se celebró la audiencia pública citada por el tribunal interamericano en la que los familiares del desaparecido, sus abogados y el gobierno mexicano expusieron sus argumentos sobre la desaparición de Radilla –por componer corridos en favor del guerrillero Lucio Cabañas– y la impunidad en la que se encuentra a 35 años de los hechos al no haberse esclarecido.

Esta es la primera ocasión en que la corte abre juicio contra México por desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra sucia (finales de la década de los 60 a principios de los 80). La demanda –que incluye cargos por violaciones al derecho a la vida, la libertad personal, las garantías procesales, la protección judicial, entre otros– fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que el gobierno de Felipe Calderón incumpliera con las recomendaciones sobre este delito.

El hijo de Radilla, también de nombre Rosendo y testigo de los hechos, narró ante los jueces del tribunal que la aprehensión de su padre se dio en un retén militar a las afueras de Acapulco, Guerrero: “Mi padre preguntó a los militares que de qué se le acusaba. Éstos respondieron que de componer corridos. Cuando respondió que si eso era un delito, los soldados dijeron ‘no, pero mientras, ya te chingaste’”. Solicitó a la corte que ordene al Estado mexicano entregar los restos de los desaparecidos y que se haga justicia.

Tita Radilla, también hija de la víctima, resumió los 35 años de lucha contra el Estado mexicano, las innumerables gestiones ante la justicia, la frustración por la impunidad, la injusticia de las autoridades a través de su actitud displicente e irrespetuosa.

En entrevista telefónica desde la capital costarricense, María Sirvent, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organismo que lleva el caso, dijo que la respuesta del Estado se trató de un discurso más político, con iniciativa de reconciliación y defendiendo muy claramente al Ejército Mexicano, la jurisdicción militar y un tema de fondo como la eficacia del sistema de justicia militar.