El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, advirtió que la reforma al sistema penal propuesta por el presidente Felipe Calderón, y aprobada por el Congreso federal, es un esquema violento y agresivo. Al participar en el foro organizado en la Cámara de Diputados en torno a la impartición de justicia, el funcionario capitalino expuso que la citada modificación legal busca evitar, desde la perspectiva de las autoridades, el juicio de amparo en el combate a la delincuencia organizada.

Al comentar sus consideraciones sobre la reforma judicial aceptó que si bien contiene un dejo de violencia y agresión, es un primer esbozo que se tiene que trabajar para disminuir la actividad delictiva. Si revisamos la reforma vamos a encontrar más de una decena de veces el tema de delincuencia organizada; yo no recuerdo que tengamos los tipos penales definidos desde la Constitución, pero bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de qué es lo que se busca con esto, evitar un juicio de amparo, ya que no podemos alegar de inconstitucional algo que está previsto en la Carta Magna, refirió.

El funcionario desglosó los dos derechos penales coexistentes: el que se aplica a los delincuentes comunes y corrientes, y otro que se emplea con los que hacen del delito su forma de vida. Tales modificaciones, abundó, tienen una doble intención, sobre todo en una serie de iniciativas que buscaron dejar plasmado en la Constitución un nuevo sistema de enjuiciamiento.

También Benito Mirón Lince, secretario del Trabajo del gobierno capitalino, refirió un escenario ominoso para el país: cuando se cuestiona si se conoce a México, se debe responder, sí lo conozco, pues son tantos millones de personas que viven con menos de un salario mínimo; son cuatro muertes diarias que ocurren en el país por accidentes y por riesgos de trabajo, y en el Distrito Federal fallece un trabajador cada seis días por ese motivo.

Para la directora del Instituto de la Mujer, del Gobierno del Distrito Federal, Martha Lucía Micher, el acceso a la justicia para el sector femenino no ha sido sencillo, toda vez que los problemas estructurales de las instancias públicas, las prácticas discriminatorias, la repetición de estereotipos sociales, culturales y religiosos, han impedido el pleno ejercicio de este derecho. No es mentira, las mujeres tienen mucho miedo de denunciar porque sienten que inmediatamente van a ser víctimas de represalias contra su familia, generalmente por parte del agresor, dijo.

Margarita Rojas Olvera, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, argumentó: En un país como el nuestro, donde los índices de pobreza y desigualdad son altos, hacen falta mecanismos para que la población de menores recursos pueda acceder en condiciones equitativas a los tribunales.