a operación lograda representa un cambio histórico, afirma el ministro de Política Interior de Italia, Roberto Maroni. Rechazar los barcos de migrantes en el Mediterráneo sin que éstos tocaran suelo italiano es finalmente una realidad, abundó. Hace cuatro años, en mayo de 2005, el gobierno recibió de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea una condena por las deportaciones realizadas vía aérea hacia Libia. Eran ilegales por dos razones: porque se habían hecho inmediatamente después de la detención de los migrantes, sin averiguar su nacionalidad, procedencia, estatus, etcétera, y porque Libia, no habiendo firmado la Convención sobre Refugiados de 1951, no representaba una garantía para que los deportados tuvieran el derecho de pedir asilo y refugio. Pocas semanas después, en junio, la Corte europea impedía, vía resolución vinculante, la expulsión por el gobierno italiano de 11 ciudadanos tunecinos, por las mismas razones. Y a pesar de los dos episodios, acontecidos justamente cuando en Italia gobernaban el actual primer ministro, Silvio Berlusconi, y su gente, parecen no tener memoria.

En semanas recientes, la armada italiana logró interceptar y salvar a cerca de 500 migrantes perdidos en sus balsas en el Mediterráneo. Sin embargo, sin llevarlos a tierra firme para proveerlos de la debida ayuda alimentaria y médica, sin identificarlos y sin –sobre todo– ofrecerles la posibilidad de pedir refugio, el gobierno italiano logró un acuerdo relámpago con el gobierno del coronel Kadafi, de manera que pocos días después los barcos de la armada italiana pudieron llegar hasta el puerto de Trípoli y dejar ahí a los 500 migrantes. No obstante la lluvia de críticas a este tipo de operaciones que le ha tocado al gobierno italiano en semanas recientes por la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), del Consejo de la Unión Europea, del Vaticano –a través de las páginas del Observador Romano–, de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), de la oposición parlamentaria y de buena parte de la sociedad civil italiana, el primer ministro reivindica: “Hicimos lo que teníamos que hacer, dentro de lo marcado por la ley nacional e internacional (sic), y –completando cuanto ha declarado su ministro– es lo que vamos seguir haciendo”.

Como se puede fácilmente observar, el cambio histórico presumido está aún lejos de ser alcanzado. Los verdaderos cambios son otros. El primero debería mirar a modificar la ya vetusta convención mencionada de 1951 (Convención de Ginebra), que, si bien reconoce el derecho al refugio y al asilo político a todo ciudadano, lo concede siempre y cuando la persona interesada pise el territorio de su destino. Esta realidad, como demuestra el gobierno italiano, es fácilmente eludible a través de la externalización de fronteras que la Unión Europea (y Estados Unidos) están aplicando desde hace muchos años. Así las cosas, cuando el gobierno italiano (y cualquier otro europeo) logra evitar que los migrantes toquen suelo itálico, bien puede declarar: La cuestión del asilo político ya no es asunto nuestro, lo tendrá que resolver Libia.

El segundo cambio tiene que ver justamente con Libia y países afines que se prestan al juego sucio de la UE, es decir, detener a los migrantes a cambio de pocas migajas de desarrollo heterodirigido. ¿Cuál el destino de esos migrantes deportados? Cárcel, tortura, deportación en medio del desierto, discriminación, violencia, asesinatos, muerte, son las palabras de los distintos reportes que justamente la UE ha realizado acerca del trato reservado por el gobierno libio a los extranjeros en su territorio.

El tercer cambio va aún más allá. Cuando el actual primer ministro italiano toma la palabra dice: La izquierda dejó la puerta abierta a todos los migrantes ilegales. Nosotros no. Ellos querían una Italia multiétnica (doble sic), nosotros no. La CEI, de la cual no se puede sospechar aspiraciones revolucionarias de signo izquierdista, comenta: El gobierno tiene que entender que Italia ya es un país multiétnico, ése es un hecho; es más, ése es un valor. Y es justamente esta última valoración la que cuenta. Más allá de la evidencia, que sólo un ciego no puede reconocer, de que Italia (y toda la UE) ya es territorio multiétnico, hoy es apremiante para las sociedades europeas meter a valor esa enorme diversidad que la caracteriza. La cerrazón identitaria, empujada por los gobiernos de todos signos hoy existentes en la UE, es uno de los peligros mayores para el futuro del continente.

Finalmente, el último utópico cambio. Como hoy los barcos precarios de los migrantes se ven obligados a cambiar de ruta y regresar allá desde donde procedían, hoy es necesario, ante el posible colapso cultural, mas también económico y político, encontrar la manera para que los gobiernos europeos cambien de ruta y vuelvan sobre sus pasos. La política migratoria ya no puede ser caracterizada por la huella represiva impuesta por las tropas diseminadas a lo ancho y largo de las fronteras de la UE. Al mismo tiempo, una sana política en la materia debe conllevar una eficaz acción cultural, educativa y social que evite ahora –que aún estamos a tiempo (?)– los brotes de racismo en los territorios de todo el continente.