El gobierno de Estados Unidos ha exigido a su par de México un reporte íntegro sobre la actuación de las fuerzas federales en la lucha contra el crimen organizado en la administración del presidente Felipe Calderón, a fin de que no se cancele la entrega de recursos comprometidos en la Iniciativa Mérida por presuntas violaciones a los derechos humanos, revelaron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional.

De acuerdo con las fuentes consultadas, enviados del gobierno mexicano han señalado a sus contrapartes que no se debe hablar de detenciones ilegales, tortura y desaparición forzada en el combate a cárteles de la droga, pues en los dos casos en que se han confirmado violaciones a las garantías individuales (Sinaloa y Tamaulipas), se ha procesado penalmente a soldados.

Los funcionarios consultados indicaron que la notificación de que será necesario que el gobierno de Calderón envíe a Estados Unidos un informe, fue realizada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, luego de que el zar antidrogas de ese país, R. Gil Kerlikowske, señaló que su nación investigaría presuntos abusos de militares mexicanos, ante un reporte del diario The Washington Post, donde se afirma que el Ejército Mexicano ha efectuado desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes.

El Post reportó que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo, y que han ocurrido sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

Explicaciones mexicanas

De acuerdo con funcionarios mexicanos, el presidente Calderón envió a Estados Unidos una delegación que tiene el propósito de aclarar las dudas de Washington sobre el combate al narcotráfico y otros grupos del crimen organizado.

Las fuentes explicaron que uno de los puntos principales a tratar por los enviados es que el Ejército Mexicano no lleva a cabo prácticas violatorias de derechos humanos, a pesar de que se desarrolla un combate decidido a los grupos criminales, y que las protestas que han surgido en sitios como Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León, y otras siete ciudades, han sido financiadas por criminales.

Agregaron que el Ejército actúa contra el crimen organizado debido a que muchas corporaciones policiales han sido sometidas, lo que ha permitido a los cárteles de la droga trasladar cargamentos de droga o distribuir enervantes, y quienes se han encargado de detener a los criminales son las fuerzas federales.

Los funcionarios señalaron que la estrategia generada desde Los Pinos ha considerado que es necesaria la participación castrense contra la delincuencia organizada, ante la necesidad de crear nuevas y mejores corporaciones policiacas, como es el caso de Chihuahua, donde se está capacitando a elementos para revertir la infiltración de delincuentes en los cuerpos locales.

Otra explicación que los funcionarios mexicanos dieron a sus contrapartes estadunidenses radica en los casos en que se ha detectado que militares han violado las garantías de los ciudadanos.

Las fuentes consultadas señalaron que en el caso ocurrido en marzo de este año en Tamaulipas, la justicia militar inició la averiguación previa GN/LAREDO/02/09, por la presunta participación de personal militar en la desaparición de tres civiles, y se determinó ejercitar acción penal contra un jefe, tres oficiales y ocho elementos de tropa por su probable responsabilidad, en agravio de los civiles Miguel Ángel Gama Habif,  Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente.

El otro caso ocurrió en junio de 2007, cuando militares abrieron fuego contra integrantes de una familia, la mayoría mujeres y niños, y mataron a cinco personas tras disparar por no haber detenido la marcha del vehículo en que viajaban cuando los soldados les ordenaron detenerse para una revisión, en el ejido Los Alamillos, Sinaloa. La justicia militar ejercitó acción penal contra tres oficiales y 16 soldados, pertenecientes al 24 regimiento de caballería motorizado.