Juriquilla, Qro., 10 de julio. La reforma constitucional en materia penal propuesta por el presidente Felipe Calderón, que entró en vigor hace un año, está prácticamente detenida.

En los hechos, los jueces no han podido llevarla a la práctica. Se enfrenta a un muro jurídico que sólo puede derrumbarse con un cambio total en los códigos penales federales y en la Ley de Amparo.

Lo anterior lo expuso a La Jornada la ministra Olga Sánchez Córdero, entrevistada aquí luego de hacer un balance acerca de los planteamientos vertidos por jueces, magistrados, ministros, legisladores y abogados de las principales barras del país, durante dos días de mesas de trabajo del simposio nacional sobre la reforma penal, en donde, a puerta cerrada, los protagonistas fundamentales del sistema de justicia federal analizan los alcances y limitaciones de la modificación a la Carta Magna que entró en vigor en julio de 2008.

Hasta ahorita no hemos podido aplicar esta reforma penal porque, en primer lugar, no tenemos el Código Federal de Procedimientos Penales, que es el instrumento legal indispensable para comenzar a aplicarla. También requerimos una nueva Ley de Amparo, destacó.

En lo que sí podemos ir avanzando las diversas instancias es, por ejemplo, en la capacitación de nuestros jueces, en mejorar las habilidades de los juzgadores para llevar a cabo juicios orales, en las instalaciones que se deben tener para las actuaciones judiciales y para las audiencias públicas, agregó.

Según la ministra, el principal consenso durante este cónclave de juzgadores federales es que se trata de una reforma necesaria y positiva para eliminar la burocratización y lentitud de la justicia, tal como lo reconoció el pasado jueves el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien hasta noviembre pasado –cuando fue designado por Calderón para ocuparse de la cartera gubernamental más importante del país– contaba con más de veinticinco años de experiencia litigando en tribunales.

Zonas de riesgo

Sánchez Cordero también destacó la necesidad de atender planteamientos como el de su compañero Juan Silva Meza (el único penalista de los 11 ministros de la Suprema Corte), respecto a que el apartado sobre delincuencia organizada de esta reforma penal, que implica restricción de garantías constitucionales para miembros de grupos criminales, tiene zonas de riesgo que ponen en peligro el respeto a los derechos humanos de los inculpados.

Además, la ministra dijo que una de las preocupaciones que han manifestado los jueces a legisladores, y que le harán llegar al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, es la necesidad de contar con una renovada Ley de Amparo para que no choquen los lineamientos del nuevo sistema de justicia oral, adversarial, con los aplicados durante más de 90 años en que nuestro país contó con una estructura legal mixta y escrita.

Así como están los códigos adjetivos actuales, habrá problemas al desarrollar un proceso penal oral, cuando el caso llegue al amparo indirecto, en el que se aleguen violaciones al procedimiento. ¿Cómo va un juez de amparo a ordenar la reposición del procedimiento penal, cuando ya ha habido una serie de actuaciones de oralidad y una serie de actuaciones y audiencias públicas? Y cuando un presunto responsable decida declararse culpable en la etapa del juicio oral, para tener una penalidad atenuada, ¿qué podría argumentar él en una apelación o en un juicio de amparo si lo interpone para su defensa? Ahí habrá un choque jurídico, expuso.

A las dudas manifestadas por la ministra se agregaron otras expuestas durante las mesas de trabajo de ayer –sobre orden de aprehensión y delincuencia organizada–, por abogados penalistas, respecto a la inviabilidad de las nuevas herramientas ministeriales en temas como la extinción de dominio, el arraigo y el abuso de la figura de los testigos protegidos.