Durante la audiencia en la que el Estado mexicano fue sometido a juicio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusado de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, los representantes del gobierno de Felipe Calderón mostraron su doble discurso en materia de garantías fundamentales, ya que por un lado aceptaron la desaparición de la víctima –en 1974– a manos de militares, pero por el otro negaron que el tribunal internacional tenga competencia para atraer el caso, según aseguraron integrantes de varias organizaciones civiles que estuvieron presentes.

En conferencia de prensa, el Comité 68, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem) e hijos de desaparecidos políticos durante el actual sexenio señalaron que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont –quien encabezó la delegación gubernamental que acudió ante la corte–, es un cínico, por asegurar ante el tribunal internacional que México no es el mismo que en el pasado. Las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos se siguen presentado.

Cristina Paredes Lachino, hija de Francisco Paredes –de la Fundación Diego Lucero y quien desapareció el 26 de septiembre de 2007–, señaló que “el funcionario alegó ante el tribunal que México ‘ya no es el mismo que en el pasado’, que ahora no hay violaciones a derechos humanos. Habría que recordarle que la realidad no es así; hay desapariciones de personas y hostigamiento a los familiares que reclamamos su presentación. No existen garantías como el gobierno presume a escala internacional”.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Afadem, señaló que el caso Radilla ejemplifica la existencia de cientos de familias mexicanas esperando el regreso de sus parientes. Representa la política de terror del Estado mexicano aplicada de finales de los 60 a la fecha.

Indicó que si la CIDH emite una resolución favorable a los denunciantes, el gobierno de Felipe Calderón tendría que realizar investigaciones para dar con el paradero de todos los desaparecidos del país, llevar a juicio a los responsables, dar a conocer nombres, fechas, momentos, lugares, las cárceles en las que los encerraron y cómo los torturaron, con lo que se evitaría la repetición de hechos similares.

Agregó que también se busca una ley general contra la desaparición forzada, la adecuación de las normas nacionales a las internacionales, como la modificación de la Ley de Amparo, que no nos protege contra una desaparición forzada. Además de que se demostraría que en el país no hay respeto a los derechos humanos, que son violados sistemática y generalmente.

Por su parte, Enrique Cortés Reina, quien asistió a la CIDH durante la audiencia del pasado 7 de julio en representación del Comité 68, señaló que Gómez Mont fue incongruente. Mostró un doble discurso: por un lado aceptó la desaparición de Radilla, que fue bajado de un autobús por militares, que fue torturado, que lo vieron en campos militares; pero negó la jurisdicción de la corte para conocer del caso. A tal grado que la presidenta del tribunal le dijo que si no aceptaba la competencia por qué se había presentado.

El Comité 68 destacó que entre los temas abordados durante la sesión en la CIDH sobresalen tres que tendrán peso en el futuro inmediato: un fuerte cuestionamiento al fuero de guerra, que tendrá que ser modificado; las implicaciones judiciales que tendrá el caso Radilla para al menos otras 60 desapariciones forzadas ligadas, y el reclamo de justicia expedita sostenido por los afectados y víctimas, referente a la dinamización de casos en curso como el 10 de junio de 1971, el 2 de octubre de 1968 y (los de otros) desaparecidos.