La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijó para este viernes la reunión solicitada por Jorge Luis Morett Sánchez y María de Jesús Álvarez Moctezuma, en la que exigirán al gobierno de México que brinde protección a su hija, Lucía Andrea, como es su obligación ante todo ciudadano mexicano, contra la petición de extradición hecha por autoridades ecuatorianas para procesarla por delitos contra la seguridad interior del Estado.

Entrevistados durante los actos conmemorativos del 30 aniversario de la Unión de Colonias Populares (UCP) –de la cual son fundadores en la delegación Coyoacán–, advirtieron que de acceder a dicha petición, México estaría violentando disposiciones del derecho internacional que impiden que alguien sea extraditado por motivos políticos o entregado a sus torturadores.

También se reunieron con el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, quien precisó que el organismo a su cargo sólo les brindará orientación jurídica, toda vez que este caso no es de su competencia.

Morett Sánchez comentó que para Lucía, quien se encuentra en un lugar seguro, resguardada por su familia, la situación es completamente absurda, y que si bien conocía del proceso iniciado en su contra, y de dos sobrevivientes más, le extrañó que fueran autoridades de Ecuador las que pidieron su extradición.

Por su parte, el abogado Hugo Rosas, del grupo de defensores de Lucía Morett, aseguró que la SRE carece de los elementos jurídicos a los que obliga considerar la legislación internacional y la mexicana para dar trámite a la petición del gobierno de Ecuador de extraditar a la estudiante mexicana, a quien se acusa de atentar contra la seguridad interna de ese país.

En charla telefónica, el litigante dijo que si la SRE no respeta la ley y turna el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), para que ésta solicite a un juez federal la orden de detención provisional con fines de extradición, el paso siguiente será tramitar un amparo y esperar obtener la protección de la justicia.

Sin embargo, reconoció que debido a la gravedad de los delitos que le imputan a la estudiante de la UNAM, que son equiparables al terrorismo, no procede la suspensión provisional en vía de amparo, por lo que Morett no eludiría el ingreso a prisión durante el tiempo que tardara el juicio de garantías en resolverse de fondo.

En tanto, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Sandoval, señaló que el gobierno de Felipe Calderón debe desechar la solicitud de extradición de Morett, porque no se ajusta al tratado firmado entre ambos países, ni a las normas establecidas en el ámbito internacional, donde se establece con claridad que no procede la extradición por motivos políticos.

Para el representante perredista el delito atribuido a Morett no tiene ningún sustento jurídico puesto que ni es miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni es terrorista, ni portaba ninguna arma, ni había cometido ningún delito en Ecuador.

Y es que la estudiante mexicana tendría que ser considerada, dijo Sandoval, como una damnificada del bombardeo de un campamento de las FARC, ocurrido el primero de marzo de 2008.