La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó a inundar algunas poblaciones del vaso de la presa Picachos, en los límites de Concordia y Mazatlán, durante la tarde y noche de este viernes, lo que obligó a cientos de familias a sacar sus pertenencias y desalojar sus viviendas, ayudados por personal de Protección Civil y de Seguridad Pública municipal de Mazatlán.

Las poblaciones a las que ya llega el agua del río Presidio –que alimentará a la presa– tras cerrarse el túnel de desvío el pasado lunes, son Puerta de San Marcos, Copales y El Placer, entre otras, donde hay 300 familias.

Cabe recordar que ese conducto fue cerrado durante el desalojo violento de unos 200 manifestantes por agentes de las policías Estatal y Federal Preventiva; los inconformes pedían desde enero pasado indemnización justa por sus tierras y la entrega inmediata de viviendas, con servicios públicos incluidos.

Los comuneros señalaron que gobierno les ha entregado 200 de 400 casas, las cuales son de mala calidad, tienen goteras y no cuentan con servicios públicos; además 250 comuneros no han recibido la indemnización a que tienen derecho.

María del Rosario Alapizco Paez y Octavio Atilano Román Tirado, dirigentes de los colonos afectados, acusaron al gobierno de Sinaloa de hacer una reubicación forzosa de cientos de familias al usar la fuerza pública y señalaron que a los comuneros no les quedó otra opción que mudarse a las casas edificadas por el Instituto de Vivienda de Sinaloa.

Alapizco Páez manifestó que entre los colonos hay un sentimiento de desilusión al tener que dejar sus pueblos porque las autoridades del gobierno estatal no cumplieron con los plazos de entrega de viviendas y nunca quisieron asumir sus compromisos; aun así, dijo, no desistirán de seguir en la defensa del patrimonio de sus familias.

Román Tirado, líder de la comunidad de San Marcos, desmintió al gobernador Aguilar Padilla, pues, afirmó, no existe documento alguno en el que los colonos aprueben la construcción de la presa y de existir, serían firmas amañadas de personas que son habitantes, que no tienen ningun título de comuneros. Los dirigentes también informaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya documentó datos de las agresiones físicas que sufrieron el pasado lunes durante el desalojo violento del plantón.

En un comunicado, el gobierno de Sinaloa, la Conagua y la Secretaría de Gobernación señalaron que tienen abierta la mesa de diálogo con los afectados por la construcción de la presa Picachos para encontrar una solución a sus inquietudes, en la cual se reiteró la voluntad del gobernador Jesús Aguilar Padilla de cumplir con los compromisos que se hicieron en cuanto a obra social, afirmó Gustavo Guerrero Ramos, coordinador de la Comisión Intersecretarial para la Construcción de la Presa Picachos