n 2006, según los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), 4 mil 913 mexicanos pidieron asilo político o refugio a la oficina de inmigración canadiense (Office of Immigration and Refugee, IRB). Este dato colocaba en ese año a los mexicanos como el primer grupo nacional en pedir protección al gobierno canadiense. Esa cifra representaba el 21 por ciento del total de peticiones que el gobierno de Ottawa recibió ese año y, además, correspondía al 73 por ciento de las demandas de protección realizadas por mexicanos en el mundo (la mayoría de las restantes al gobierno de Estados Unidos). El dato, sin embargo, va aún más allá y revela que los mexicanos en 2006 eran el undécimo grupo nacional en pedir protección en el extranjero a escala mundial, detrás de iraquíes, chinos, rusos, iraníes, somalíes, pero delante de los colombianos (que se colocaban en el lugar 15 de la clasificación mundial de la trágica carrera ayúdenme, porque mi gobierno no lo hace).

La reciente decisión del gobierno canadiense de imponer visa a los visitantes mexicanos a su país, con el argumento de que estaríamos exagerando en el utilizar el status de refugiado, habla claro de la visión que el gobierno canadiense está ofreciendo de los mexicanos: ustedes están haciendo trampa, por decirlo con palabras suaves. Esta visión, muy propia de los gobiernos del norte, es desgraciadamente común. Porque si bien es cierto que se han registrado casos –no pocos– de abuso de este instituto jurídico internacional que han levantado tanto protestas, como advertencias, y discusiones entre los gobiernos; que han provocado discusiones sobre todo entre los afectados directos, es decir los migrantes, que en foros o espacios públicos señalan la existencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seudo-refugiados, mismas que –dicho sea de paso– involucrarían a funcionarios de ambos gobiernos; si bien es cierto todo lo anterior, el argumento sigue siendo una peligrosa arma en las manos de los gobiernos tentados por el deseo de cerrar sus propias fronteras.

Es este definitivamente un tema sumamente delicado. El peligro concreto es que ahora –como ya está sucediendo en las fronteras europeas, por ejemplo– los cientos de mexicanos que quisiéramos pedir refugio en Canadá ya no lo podemos hacer de la forma en que se debería, ya que para pedir dicha protección la persona interesada tiene que pisar territorio canadiense. ¿Qué sucederá ahora? ¿Estaremos obligados todos a recorrer las vías ilegales –y sumamente peligrosas– para llegar a Canadá? Quizás así será. Porque por desgracia, aunque esto no se menciona, en Canadá refugiados mexicanos existen. Y tienen todo el derecho a la protección que se les otorga. Es el caso de Raúl Gatica Bautista, fundador y dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), que desde 2004 tiene el status de asilo político en Vancouver, tras ser perseguido por las últimas tres administraciones estatales en Oaxaca. Es el caso también de decenas de estudiantes del extinto CGH, que tras el desalojo del 6 de febrero prefirieron la protección de Ottawa a los riesgos de una vida como ex huelguista. O es el caso de decenas de ciudadanos mexicanos a los cuales el IRB les reconoció la situación de persecución por su preferencia sexual. Y quién sabe cuantos casos más.

Por el otro lado es también cierto que muchos mexicanos –y me consta, pues fui a Canadá en algunas ocasiones– aprovechan las ventajas del proceso de otorgamiento del refugio para pasar meses, en ocasiones años, a expensas del gobierno canadiense. Ya que el proceso de petición se demora un tiempo, ya que mientras el gobierno anfitrión tiene que solventar los gastos de quienes pusieron petición, no es difícil sobrevivir. ¿Es esta una buena razón para cerrar las puertas a todos? Un buen gobierno –y en el caso canadiense además con una amplia tradición de acogida de los perseguidos de todo el mundo– debería privilegiar a los menos protegidos. En este caso, otorgar el beneficio de la duda y sí, revisar caso por caso, uno a uno, aunque las oficinas y el personal no alcancen para tantas demandas.

He aquí al problema de fondo de toda la cuestión. El chovinismo y el llamado patrio en estos casos no sirven, no aplican. Sirve para quienes buscan a un enemigo externo –otro más– para que nos olvidemos de las responsabilidades de cada quien. Lo que sirve, al contrario, es una seria reflexión en torno al status de refugiado y del asilo político, hoy, cada vez más, puesto en entredicho por la realidad del mundo en que vivimos. Una reflexión obligada para la comunidad internacional –la misma que instituyó el status del asilo político hace casi 60 años– que tendría que ampliar al concepto mismo del refugio. Quizás solamente así, reconociendo por ejemplo que el derecho al refugio no es solamente para los perseguidos políticos, sino también para los que son perseguidos por el hambre, por la pobreza, por las guerras, por las injusticias, por la violencia, por la corrupción, por las epidemias, por el racismo, por la discriminación, por ser diferentes, por pensar distinto, por luchar o simplemente son perseguidos por el deseo de una vida más digna y justa, tendríamos muchos menos casos falsos.