arís. El juzgado de Rodez (sur de Francia) deberá pronunciarse sobre el caso del guineano Salimou Fofana, trabajador legal en Francia, casado y con hijos, en cuya casa la policía encontró un expediente de su compatriota Baya Namingui para la L’OFPRA (oficina francesa de protección de refugiados y apátridas) a quien confesó haber alojado y alimentado cuando iba a visitarlo.

El artículo L622-1 del Código Civil reza todo aquel que, con ayuda directa o indirecta, facilite o intente facilitar la entrada, la circulación o la estancia irregulares de un extranjero será condenado a pena de cinco años y multa de 30 mil euros, está destinado a combatir a los traficantes de personas, pero se ha convertido en un arma jurídica no sólo contra el crimen organizado sino contra particulares de buena fe, como Fofana, culpable de lo que las asociaciones de defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes llaman delito de solidaridad. Entre éstas está el GISTI (Grupo de Información y Sostén de los Trabajadores Inmigrantes).

A raíz de este caso, el ministro de la Inmigración, Eric Besson, se reunió con 24 asociaciones que ayudan a los sin papeles y prometió revisar el susodicho artículo incorporando salvedades para proteger los actos humanitarios, pero el GISTI arguye que al no incluir a los benévolos humanitarios y sólo tomar en cuenta el artículo L622-4, que precisa: frente a un peligro actual o inminente toda persona física o moral tiene el derecho de actuar si su acto es necesario a la salvaguarda de la vida o la integridad física del extranjero, sólo se pretende proteger al actuante cuando el extranjero esté en peligro de muerte.

Mientras que los casos como el de Fofana, quien para no ser culpable debió haber denunciado a Namingui, pero a la vez, si lo hubiera dejado dormir a la intemperie en invierno y con el estómago vacío, lo habrían podido condenar por no asistencia a persona en peligro, cayó en el delito de solidaridad, por el que el fiscal pidió cinco meses de prisión.

Yuriria Iturriaga, corresponsal