La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detuvo y mantendrá bajo arraigo a 10 policías municipales de Arteaga, Michoacán, por su presunto involucramiento en la ejecución de 12 agentes federales perpetrada por el cártel de La Familia, el pasado 12 de julio en esa entidad, como parte de su ofensiva contra la Policía Federal (PF).

El Ministerio Público Federal investiga a los 10 policías por la muerte de los agentes, así como a cuatro presuntos sicarios, entre ellos Francisco Javier Sotelo, El Pancho –sobrino de Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los líderes de La Familia–, por diversos ataques armados contra instalaciones de la PF en Michoacán y Guanajuato.

De acuerdo con información dada a conocer por la Procuraduría General de la República, “con base en las investigaciones realizadas con motivo del homicidio de los 12 elementos de la Policía Federal en Michoacán, luego de la detención de Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, la SIEDO solicitó y obtuvo del juez primero federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, como parte del expediente 353/2009, un arraigo por 40 días contra 10 policías municipales de Arteaga, Michoacán”.

Los arraigados son Efraín Rentería Reyes, José Antonio Díaz Alvarado, Ismael Medina Alvarado, Juan Gabriel Peñaloza Rosas, Esteban Tapia Rivera, Santos Tavera Rosas, Rafael Chávez Sagredo, Felipe García Alvarado, Bulmaro Tapia Martínez y Juan Manuel Torres Cervantes.

Estas acciones de la SIEDO se realizan con base en la atracción que hizo la PGR para investigar el homicidio de 12 elementos de la Policía Federal, cuyos cuerpos fueron encontrados en la autopista Siglo XXI, en el tramo Morelia-Lázaro Cárdenas, en La Huacana, Michoacán, ya que existe la presunción de que el hecho estaría relacionado con otros actos de violencia contra elementos de la Policía Federal en varias localidades de esa entidad, como respuesta a la detención de Arnoldo Rueda Medina.

El arraigo de los policías municipales de Arteaga, según la Procuraduría, permitirá “robustecer las investigaciones que relacionan a los ahora arraigados con hechos delictivos para favorecer las operaciones de La Familia en el estado y determinar o deslindar su responsabilidad en el homicidio de los agentes federales”.