La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados presentará un punto de acuerdo ante la Permanente del Congreso de la Unión, con objeto de obligar al Legislativo a declarar el presupuesto educativo como inversión social protegida.

El punto, de obvia y urgente resolución, determina que la Cámara de Diputados declare el financiamiento para las tareas educativas como inversión socialmente protegida, en términos de los acuerdos de la Conferencia Mundial para la Educación Superior de la UNESCO, al reconocer a la enseñanza como un bien social y un derecho humano, y que se garantice que el presupuesto para el año 2010 sea suficiente para cumplir las necesidades en cobertura, calidad y equidad del servicio para todos los mexicanos.

De tal forma, se exhorta a Felipe Calderón para que cumpla con los compromisos suscritos en la Conferencia Superior Mundial para la Educación Superior.

En aquel encuentro, ministros, rectores de universidades, profesores y estudiantes, así como representantes de alto nivel del sector privado y de organismos regionales y multilaterales, examinaron diversos temas, desde las repercusiones de la mundialización y la enseñanza superior en relación con la sociedad, hasta asuntos relacionados con la libertad de cátedra, la investigación y el financiamiento.

En comunicado final del cónclave, realizado entre el 5 y el 8 de julio pasados, se afirma que en ningún momento de la historia ha sido más importante (que en la actualidad) invertir en la enseñanza superior como vector importante de la construcción de una sociedad del conocimiento, diversa e integradora, y del progreso de la investigación, la innovación y la creatividad.

Se refrendó que, a un solo tiempo, la enseñanza debe perseguir los objetivos de equidad, pertinencia y calidad, destacando la importancia de los mecanismos reguladores y la necesidad de reforzar el atractivo de la carrera universitaria.

La diputada Silvia Luna Rodríguez, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, expresó que la crisis no puede ser excusa para reducir el financiamiento público a la educación, porque la enseñanza superior debe ser considerada como un bien que contribuya fundamentalmente a la recuperación económica.

La también, coordinadora del grupo parlamentario Nueva Alianza señaló que la crisis global ha puesto de relieve la discusión sobre el compromiso social con la educación, la cual toma mayor relevancia si se considera que algunos países desarrollados han decidido incrementar el presupuesto en este renglón como inversión con miras hacia la recuperación y el crecimiento económico.

El gobierno mexicano debe integrar plenamente a la enseñanza superior las tecnologías de información y comunicación, a fin de satisfacer la creciente demanda de los estudiantes y facilitar el aprovechamiento de la investigación científica, expresó.