A partir de hoy, más de 2 mil burócratas suspenderán actividades durante 15 días en las oficinas del palacio de gobierno de Guerrero, el Congreso local y el ayuntamiento de Chilpancingo, por el recorte de mil millones de pesos al presupuesto del estado.

El gobernador Zeferino Torreblanca dio a conocer la semana pasada que la reducción del gasto aplicada por el gobierno federal obligará a tomar medidas no tan populares como la suspensión de estímulos, bonos de productividad, guardias y horas extras.

El mandatario también dijo que se recortarán los gastos en telefonía celular, gasolina y otros servicios. Sólo en consumo de energía eléctrica se planea ahorrar unos 300 mil pesos.

La suspensión de actividades en oficinas del palacio de gobierno molestó a numerosos ciudadanos, quienes deberán esperar hasta el 3 de agosto para realizar trámites.

Mientras, casi 500 empleados del Congreso del estado iniciaron ayer su periodo vacacional de 15 días, y sólo trabajará el personal de confianza de los 46 diputados locales.

En el ayuntamiento de Chilpancingo varias dependencias suspendieron labores en forma parcial, excepto las áreas de recaudación y la comisión de agua potable y alcantarillado.

Empero, el sábado pasado fueron despedidos 45 brigadistas de la dirección de Protección Civil municipal, según denunció Martín Vega, asesor de los trabajadores.

Los afectados fueron convocados a una supuesta reunión de trabajo con el director de Protección Civil municipal, Marco César Mallares, quien les dijo que por indicaciones del alcalde priísta Héctor Astudillo Flores, se les pagaría su último salario de 600 pesos semanales y, sin mayor explicación, dio por terminado el diálogo.

Entre los despedidos había 10 mujeres que rompieron en llanto. Los demás trabajadores recordaron enojados que apoyaron al munícipe para que ganara las elecciones en octubre pasado.

En tanto, el ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, cumplió ayer días en paro de labores, luego que la alcaldesa María del Rosario Melgar, del Partido Nueva Alianza (Panal), despidió a 140 trabajadores con el argumento de que el gobierno federal recortó 50 por ciento el gasto municipal.

Muchos de los despedidos permanecieron en plantón frente al ayuntamiento en protesta por la injustificada rescisión de su contrato, mientras una comisión de inconformes acudió a la cabecera municipal de Tetecala para reunirse con el gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo y reclamar su reinstalación o liquidación acorde a la ley.

A su vez, el ayuntamiento de Tlalquiltenango despidió a 41 trabajadores; el de Axochipan sólo pagó 50 por ciento de la primera quincena de julio a una plantilla de 120 empleados, y también hubo despidos masivos en los municipios de Ciudad de Ayala, Zacatepec y Cuautla; en Puente de Ixtla se dio a conocer el recorte de un centenar.

En Guanajuato, el Órgano de Fiscalización Superior dio a conocer que audita las finanzas del municipio de Romita, que suspendió servicios durante 24 horas y se declaró recientemente en quiebra por no haber tomado las previsiones necesarias para ajustar sus gastos ante el recorte presupuestal extensivo a todos los municipios de la entidad. Además, se presume que hubo irregularidades administrativas.