l movimiento generado por los comuneros nahuas de Santa María Ostula resulta una bocanada de oxígeno en diversos frentes. En primer lugar, por la voluntad organizada de recuperar territorios, reconstruir a su pueblo y activar sus formas propias de organización social, como es el caso de las poli-cías comunitarias. También porque su movimiento se articula en el espacio del Congreso Nacional Indígena y se dota de una amplia red de solidaridad con lo que fortalece la línea política que esa instancia definió a raíz de la contrarreforma indígena de 2001: avanzar en la autonomía a contrapelo del derecho y sus candados (Manifiesto de Ostula, 14 de junio de 2009; 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país).

Por otra parte, y hay que decirlo, es significativa la respuesta de las instancias gubernamentales de los distintos niveles: si bien reaccionan ante la autodeterminación comunitaria, hasta ahora hay indicios, no los óptimos ciertamente, de que están encauzando su respuesta por la vía de la negociación dejando de lado la política de criminalización imperante en otras regiones de México. Y esto es decir mucho, porque estamos hablando del estado de Michoacán, donde en fechas recientes las noticias que dominan, lamentablemente, son de nota roja. Algo habrá influido la postura del gobernador del estado para que la Secretaría de la Reforma Agraria esté ofreciendo una salida al otorgar recursos económicos a los supuestos pequeños propietarios de La Placita para que se respeten las tierras ancestrales recuperadas en las pasadas semanas.

Precisamente en su más reciente comunicado (19 de julio de 2009) la Comisión por la defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula hizo del conocimiento general que en días pasados sostuvo, junto con las autoridades comunales de las comunidades nahuas de El Coire y Pómaro, una reunión pública con representantes de los gobiernos del estado de Michoacán y federal, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, para hacer patentes las exigencias de nuestra lucha (garantizar la tenencia de la tierra en forma definitiva, reconocer el nuevo asentamiento humano, creado en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Xayakalan; plan de seguridad para impedir nuevos ataques contra los comuneros indígenas como el del pasado 29 de junio, así como garantizar el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, territorio nahua de la costa michoacana).

En el mismo comunicado señalaron: Los gobiernos de todos los niveles hicieron compromisos concretos para buscar una solución definitiva y pronta al problema que con relación a las tierras recuperadas confronta nuestra comunidad con supuestos pequeños propietarios. Asimismo se comprometieron a establecer un puesto de vigilancia de la armada de México en la tenencia de La Placita con el fin de inhibir posibles ataques en contra de nuestra comunidad por parte de grupos paramilitares ligados al crimen organizado. (Destacaron también que éste compromiso no se ha cumplido y sobre la policía comunitaria señalaron que no existió una definición clara por parte de los diversos niveles de gobierno, aun cuando dijeron respetar las formas de organización existentes en el interior de las comunidades indígenas.)

En síntesis, en el proceso de negociación están presentes las contradicciones que entrañan la definición del Estado mexicano en relación con los pueblos indígenas. Ejemplo de ello, y muy significativo, es la reticencia a reconocer a las policías comunitarias donde se observa que los propios comuneros asumen que ellos no se harán cargo de enfrentar todos los problemas que carga el estado, de ahí el acuerdo con un puesto de vigilancia de la armada de México, no en su territorio, sino en La Placita, donde están los opositores a los comuneros.

En contraste llama la atención la insistencia indígena respecto del compromiso de respetar derechos humanos por parte de las policías comunitarias, prueba de ello es que entregaron a las autoridades estatales a los agresores del pasado 29 de junio que habían sido retenidos por ellos.

Junto con las noticias sobre el desbloqueo de la carretera 200 por parte de los comuneros de Ostula, y los principios de acuerdo sobre la asignación de recursos a los supuestos pequeños propietarios, se difundió la realización de foros de consulta sobre la ley indígena en la entidad. Bien harían en revisar si el procedimiento de foros es el adecuado para garantizar el derecho a la consulta. No estaría de más comprender que la generación de instancias estatales, como es el caso de la secretaría, creada ad-hoc, no sustituye el derecho de autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos indígenas en el marco internacional, porque en el nacional ya sabemos que se mantiene vigente el entuerto de 2001. Vigilemos Ostula, como piden los comuneros.