o sobra agregar más tinta acerca de nuestras carencias sociales. Nuestra escuálida cultura de la legalidad, nuestra famélica cultura democrática. La cotidianeidad está poblada de estas carencias que el tiempo podrá ir curando, si va acompañado de un creciente nivel medio de educación formal y del desarrollo socioeconómico de la sociedad.

No avanzamos ni en una ni en otra, más bien reforzamos esa dolorosa condición con una vida continua de pobreza y desigualdad social. De acuerdo con el Inegi, 10 por ciento de los hogares de la población más favorecida concentró 36.25 del ingreso corriente en 2008, con lo cual se lleva 1.7 por ciento más de la riqueza generada por el país, respecto de lo que se apropiaba en 2006. En el otro extremo, 60 por ciento de los hogares más pobres sólo percibió 26.7 por ciento del ingreso, lo que representó una baja de 3.6 por ciento. De mal en peor.

Es claro que éste no es un resultado expresamente buscado por el gobierno de Calderón. Es la resultante de una ideología económica que no se sostiene más. Escribe el Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “es sólo bajo circunstancias excepcionales que los mercados son eficientes […]; cuando los mercados están incompletos y/o la información es imperfecta (lo que ocurre prácticamente en todas las economías), incluso en un mercado competitivo, el reparto no es necesariamente eficiente. En otras palabras, casi siempre existen esquemas de intervención gubernamental que pueden inducir resultados superiores, beneficiando a todos”.

Pero la máxima de Ronald Reagan, según la cual el Estado no es la solución, sino el problema, sigue pesando en las cabezas que toman las decisiones en el gobierno mexicano (y en otros varios).

Que no sea un asunto sólo de México, no es consuelo. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizado en 2004 y ampliamente comentado en los medios en su momento, reveló que 54.7 por ciento de los latinoamericanos estaría dispuesto a aceptar un gobierno autoritario si éste resolviera la situación económica. El contenido del informe muestra que por situación económica deben entenderse los problemas de la pobreza y los de la desigualdad. Los latinoamericanos prefieren justicia social, antes que legalidad y democracia; de este basamento primario nace nuestra miseria en materia de legalidad y democracia en la sociedad civil y en la sociedad política.

Hemos resuelto medianamente, en el orden institucional, el capítulo de la democracia referido a la celebración de los comicios periódicos. Pero montañas de conflictos aún los acompañan, debido a nuestra incultura democrática y legal y a defectos del diseño institucional. Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) no son jueces, pero deben resolver conflictos en plazos perentorios, creando una pésima atmósfera política para la relación entre los partidos y entre éstos y el órgano electoral. Ello contribuye a crear una atmósfera de tirantez enconada que se traduce en un cuestionamiento permanente del IFE. Pese a todo, los votos cuentan y se cuentan, y a pesar de las quejumbres, resuelve quién va a ocupar los cargos de elección popular.

Otros espacios de la vida democrática continúan siendo asignaturas pendientes. Véase la vida interna de los partidos políticos. Una bomba ha estallado en el interior del PRD, como medio mundo esperaba desde hace mucho tiempo; otras bombas de tiempo parecen esperar turno en el PRI y en el PAN.

Los procesos de elección para nombrar en el PRD a su presidente estuvieron plagados de acusaciones mutuas de las tribus, incapacitadas para resolver por sí mismas sus procesos democráticos internos, debido al cúmulo de actos contrarios a la legalidad partidista. Hubieron de recurrir a una instancia externa, el Tribunal Electoarl del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde la acusación era la ilegalidad. Como era previsible, el TEPJF saldría bailando, acusado por cualquiera que fuera la tribu perdedora, sin importar el daño causado a las instituciones ligadas a los procesos electorales.

Después vino la contienda electoral, repleta de acusaciones de ilegalidades de todo tipo. En los actos presuntamente ilegales estaban no sólo todos los partidos, sino también los gobernadores y las televisoras, principalmente, sin faltar las violaciones a la legalidad interna, en este caso del partido del sol azteca, por parte de sus propios miembros, como fue el caso flagrante de Andrés Manuel López Obrador.

Para diversos observadores la conjetura caía por sí sola: AMLO quiere irse del PRD, pero no por su propio pie. Quiere ser echado, para capitalizar políticamente el hecho en contra de los chuchos. Llevó demasiado lejos sus provocaciones para ser defenestrado, pero los chuchos, probablemente con menos peso político socialmente hablando, no cayeron en la provocación, violando así, también, la legalidad partidaria interna. La política marrullera prevaleciendo por encima de las reglas políticas que a sí mismos se dieron los miembros de ese partido.

Cárdenas salió a la palestra reclamando con razón el cumplimiento de la legalidad partidista. Otras voces se han sumado, especialmente al punto de la salida de AMLO y sus huestes. Ahora los chuchos están quizá en la posibilidad de tomar la decisión de echarlo, porque en el contexto actual la capitalización política por parte de AMLO decrece. Acaso quien puede capitalizar más esta situación es Marcelo Ebrard.

Cualquiera que sea la decisión perredista, por el daño profundo que a sí misma se ha hecho el conjunto de las izquierdas, pagará un alto precio y ello será en perjuicio de las mayorías.