La carencia y, sobre todo, negar el servicio médico para interrumpir embarazos de víctimas de violación, como ocurre en Guanajuato, atenta contra la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, afirmaron organizaciones civiles, las cuales señalaron que con esto el gobierno federal falta a sus compromisos internacionales en la materia.

Los organismos integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio resaltaron que la solicitud presentada en mayo pasado para que se emitiera la alerta de violencia de género se debe a la ausencia de servicios de interrupción legal del embarazo y de procuración de justicia a las víctimas de violencia sexual.

A pesar de que el Código Penal de Guanajuato permite el aborto por violación, esta causal es considerada como excusa absolutoria, es decir, aun cuando no se castiga a la víctima de violencia sexual que interrumpe el embarazo, para las autoridades sigue siendo una criminal.

Recientemente, las organizaciones Human Rights Watch y Las Libres documentaron que del año 2000 a la fecha, más de 130 mujeres guanajuatenses han sido procesadas por aborto. Lejos de brindar protección y atención médica que requerían, el gobierno del estado violó su derecho a la vida, a su seguridad y a su salud; además de criminalizarlas y denunciarlas por sospecha de aborto, denunciaron.

Al respecto, María de la Luz Estrada, coordinadora del área de violencia y derechos humanos de Católicas por el Derecho a Decidir, precisó que la decisión del Sistema para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del pasado lunes, de rechazar emitir una alerta de violencia de género, es incomprensible, puesto que es la instancia que debería defender y proteger los derechos de las mujeres, salvaguardarlos, pero sin embargo los violenta. Afirmó que las organizaciones interpondrán todos los recursos necesarios hasta agotar las instancias nacionales, y de ser necesario, nos iremos a las internacionales”.

El objetivo era que se iniciara una investigación, prevista en la ley, para identificar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato y, de ahí, impulsar acciones para revertir esa situación.

De esa manera, señalaron las activistas, se garantizaría el acceso a servicios de atención y procuración de justicia, a recibir información veraz, objetiva, oportuna y libre de prejuicios.