casi un mes de que inició la asonada oligárquico-militar que ha suspendido la vigencia democrática y el estado de derecho en Honduras y luego del fracaso de las gestiones del presidente costarricense Óscar Arias por solucionar la crisis en aquel país centroamericano, el mandatario constitucional, Manuel Zelaya, arribó ayer al puesto fronterizo de Las Manos –en los límites de Nicaragua–. cruzó a territorio hondureño arropado por una multitud de simpatizantes y, tras permanecer ahí varios minutos, regresó al lado nicaragüense luego de exhortar de nuevo a los mandos castrenses participantes en la aventura golpista a bajar sus fusiles y dialogar.

El acto, aunque simbólico, como lo calificó el propio Manuel Zelaya, constituye una muestra más de la inviabilidad y debilidad del proyecto golpista –que no ha podido consolidarse, a pesar de que ha tenido 28 días de margen de maniobra– y pone de manifiesto nuevamente que en Honduras se desarrolla un admirable movimiento de resistencia popular, a pesar de los actos represivos del ejército y la policía en ese país, excesos que ayer fueron desplegados una vez más en contra de los simpatizantes de Zelaya, con un saldo de al menos dos heridos. Asimismo, da cuenta de que el rechazo a los golpistas se mantiene vivo y creciente, no obstante los intentos del gobierno espurio que encabeza Roberto Miheletti de proyectar al mundo una imagen de falsa estabilidad.

Frente a estos elementos sería inadecuado e improcedente que la comunidad internacional abandone a los hondureños en la lucha que llevan a cabo en defensa de la democracia; antes bien, es necesario que los gobiernos y los pueblos de la región refuercen las medidas de apoyo a Honduras y profundicen las presiones en contra del régimen de facto. En este contexto, resulta obligado reiterar la importancia del papel de Estados Unidos, país que pareciera ser la última instancia de presión diplomática en la actual crisis, y que no ha podido, sin embargo, sustentar plenamente con hechos el repudio expresado en varias ocasiones por el presidente Barack Obama ante el golpe de Estado.

En las últimas cuatro semanas ha quedado claro que el fracaso de las mediaciones de la Organización de Estados Americanos y del gobierno de Costa Rica se explica, en buena medida, por la actitud poco firme asumida por la Casa Blanca, que se refleja, entre otras cosas, en su negativa a retirar a su embajador en Tegucigalpa y a suspender la totalidad de los programas de asistencia que mantiene con Honduras. Adicionalmente, en los últimos días se han expresado nuevos disensos en el seno de la administración encabezada por Barack Obama con relación a la crisis hondureña: ayer mismo, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, calificó de imprudente el intento del presidente hondureño de ingresar a su país, y el vocero de esa misma dependencia, Philip Crowley, señaló que cualquier retorno (de Zelaya) a Honduras sería prematuro, declaraciones que colisionan con la postura del mandatario afroestadunidense, quien ha insistido una y otra vez en apoyar la restitución inmediata del legítimo presidente.

A estas fisuras dentro del gobierno de Washington deben añadirse los cabildeos emprendidos en la Casa Blanca y el Capitolio por representantes de los intereses de la oligarquía hondureña, así como las maniobras emprendidas por los estamentos conservadores de la clase política estadunidense que han intentado utilizar el golpe de Estado como un factor de confrontación partidista e instrumento de presión propagandística en contra de Obama, a quien buscan presentar como aliado de personalidades tradicionalmente críticas de Estados Unidos, como Fidel Castro o Hugo Chávez.

En la circunstancia actual, sin embargo, Washington debe entender que la claudicación ante las presiones señaladas tendría efectos desastrosos para el proyecto de política exterior emprendido por el actual mandatario estadunidense –y, por ende, para la imagen internacional de su gobierno– y contribuiría a afianzar un precedente nefasto para América Latina y para el mundo. Es necesario, por tanto, que la administración de Obama defina en lo inmediato un plan de acción que refleje el rechazo inequívoco de su gobierno hacia el golpismo hondureño y que contribuya, de esa manera, al enorme esfuerzo que realiza la sociedad de ese país por restituir el orden constitucional y la legalidad.