El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Miguel Alcántara Soria, reveló que el gobierno federal no considera la eliminación del fuero militar, sino que se revisen en el Congreso de la Unión las leyes que rigen la vida de las instituciones castrenses para que, con base en los acuerdos y convenciones internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos, se puedan perfeccionar los instrumentos que utiliza el Ejército, y particularmente la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), para garantizar una plena protección a las garantías individuales.

Entrevistado luego de clausurar un congreso internacional en criminalística, el funcionario federal declaró que la cancillería mexicana analiza si se da vista al Ministerio Público de la petición que emitió el gobierno de Ecuador para que Lucía Morett Álvarez sea detenida y extraditada a esa nación.

Dijo que, en el caso de la estudiante universitaria, el procedimiento de extradición establece que las peticiones primero sean recibidas por la cancillería y, si esa institución lo considera procedente, turna el caso a la PGR para que se presente ante los órganos jurisdiccionales el planteamiento de detención con fines de extradición. Hasta este momento la cancillería estudia la petición y todavía no la turna a la PGR.

Alcántara fue preguntado acerca de las nuevas atribuciones que, mediante un decreto, concedió el presidente Felipe Calderón a la PGJM, como dotar de amplias facultades al procurador general de Justicia Militar para representar al Ejecutivo en las controversias y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en los juicios de amparo que provengan del Ejecutivo y de las autoridades superiores de la secretaría.

El subprocurador consideró que tales reformas legales tienen como finalidad mejorar el esquema de facultades de la PGJM como parte del esquema de justicia del país, y se pretende explicitar mejor sus competencias, ya que no siempre estaban claramente señaladas en sus ordenamientos.

Espacio de opacidad

Del Poder Ejecutivo federal, agregó, “en general, hay intención de revisar y mejorar el marco normativo que rige la actuación de los militares, y desde esa perspectiva, uno de los aspectos que había que fortalecer era precisamente la PGJM y sus atribuciones, para que superáramos este espacio de opacidad o poca claridad que se tenía.

“Asimismo, en el Congreso de la Unión hay varias iniciativas del Ejecutivo que buscan, precisamente, ya no dejar a la libre interpretación de las autoridades hasta dónde puede intervenir el Ejército, en qué casos, y por razones de seguridad nacional puede intervenir.

Eso es precisamente lo que se busca: que el Congreso lo resuelva con base en las iniciativas que tiene ya en su poder.

Para el funcionario, también  estamos viendo que, a escala internacional, México tiene compromisos adquiridos en cuanto a la protección de los derechos humanos y, en esta materia, el Ejército tiene que hacer su parte para ser garante de las garantías individuales, lo que significa revisar las herramientas con que cuenta el Ejército para generar y fortalecer esa cultura de respeto a los derechos humanos.

Respecto del fuero militar, resaltó que en el Ejecutivo se considera “que la disciplina militar no puede tener las mismas reglas, valores y requerimientos que las que se aplican en el mundo civil; por eso la disciplina castrense demanda un rigor como el que actualmente tiene, y exigencias mayores.

De tal manera que no estamos pensando que ese fuero se pueda eliminar. Más bien, hay que revisar las cuestiones normativas, para que, con base en los acuerdos y convenciones que México ha suscrito, se puedan perfeccionar los instrumentos que utiliza el Ejército, y particularmente la PGJM, para garantizar una plena protección a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a que algunos delitos que cometen los soldados no están incluidos en el Código Penal Militar, el subprocurador de la PGR consideró conveniente que se apliquen las sanciones que establecen los códigos penales civiles, y que un soldado sea enjuiciado en tribunales civiles, cuando incurra en algún ilícito, pero no con motivo de sus actividades militares.