En México se persigue el lavado de dinero desde 1989, cuando se tipificó en el Código Penal Federal el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a quienes se encargan de ingresar en el mercado legal las jugosas ganancias que obtienen los grupos delictivos, entre ellos los principales cárteles de la droga.

Sin embargo, en los hechos, las autoridades ministeriales han fracasado en su intento por erradicar estas operaciones que cometen todas las organizaciones criminales, pues permite a los mafiosos seguir traficando con alto grado de impunidad, al comprar protección oficial, pagar mano de obra, adquirir insumos en el extranjero y armas en Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recabadas en los seis años recientes, como parte de los informes anuales del Poder Judicial Federal (PJF) –a las que tuvo acceso La Jornada–, en ese periodo la fiscalía antilavado de la Procuraduría General de la República (PGR) inició 496 averiguaciones previas.

De esas indagatorias, 92 por ciento están relacionadas con personas que trasladaron dinero de manera ilícita, pero no en grandes operaciones de lavado de activos mediante instituciones financieras internacionales (situación que sólo representó 8 por ciento), sino por medio de sujetos que fueron detenidos en algún aeropuerto internacional en posesión de grandes cantidades de dinero en efectivo, básicamente dólares.

De las 496 averiguaciones previas abiertas en la PGR, la fiscalía consignó 233 ante jueces federales, quienes en seis años han emitido 47 sentencias condenatorias por lavado de activos, pero sólo contra individuos que fueron arrestados en aeropuertos en posesión de grandes cantidades de efectivo (a estas personas se les conoce como burros.

No obstante, en las estadísticas no hay una sola condena contra algún ejecutivo bancario o financiero de empresas nacionales o internacionales en las que comúnmente se invierten los capitales ilegales, o contra algún importante operador financiero que labore para uno de los cárteles de la droga mexicanos.

(En mayo pasado, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión de la Cámara de Diputados publicó el informe El lavado de dinero en México, escenarios y propuestas legislativas, en el que evaluó que el blanqueo de activos no es combatido con eficacia. El documento refirió que las aprehensiones y sentencias contra narcotraficantes por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tienen relación con el volumen de dinero que entra en el país por venta de drogas, calculado en 17 mil 200 millones de dólares anuales, provenientes de Estados Unidos.)

Inversiones disfrazadas

Jueces de distrito en materia penal –únicos facultados para juzgar estos delitos consignados por la PGR– responsabilizaron del fracaso en el combate al lavado de dinero fundamentalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Incluso, uno expuso que en más de dos décadas de trabajo como juez, la PGR nunca le ha consignado un caso donde se pida actuar judicialmente contra las grandes operaciones financieras de los capos de la droga, quienes disfrazan sus inversiones en importantes empresas trasnacionales con capital internacional.   

Los impartidores de justicia accedieron a hablar con La Jornada sobre este tema a cambio de reservar sus nombres.

Los juzgadores dijeron que el trabajo de la fiscalía antilavado de dinero de la PGR no combate a los que mueven millones de dólares que las organizaciones criminales lavan en México.

Uno de estos jueces dijo: “Hasta hoy, con más de 20 años de experiencia, sólo me han tocado casos de lavadores que no son el fiel reflejo de las operaciones millonarias que llevan a cabo diariamente los grupos del narcotráfico. Únicamente hemos tenido casos de los llamados burros, quienes trasladan el dinero vía México-Costa Rica-Panamá-Colombia, o bien, de Estados Unidos a México, y que son detenidos en algún aeropuerto internacional. Pero así pueden pasar 10 sujetos con dinero de procedencia ilícita, y de ellos sólo uno es detectado”.

Otro tipo de casos comunes de lavado de dinero que termina en los juzgados es el relacionado con los bienes, muebles e inmuebles, y con el numerario que se decomisa a los criminales cuando son detenidos.

Pero… ¿cuál es problema? ¿Por qué están fracasando las autoridades en el combate al lavado de activos?

Otro juez federal afirmó: Está fallando la UIF. Allí, con toda la información que les manda el Fondo Monetario Internacional y con los datos fiscales de cada persona física y moral, deberían detectar las grandes movilizaciones nacionales e internacionales de dinero, para ubicar a los empresarios que están haciendo operaciones financieras en su nombre.

El 13 de agosto de 2008, este diario publicó una entrevista con Agustín Acosta, ex titular de la UIF, quien sostuvo que el problema de ese órgano es que para actuar depende de la información que aporten las instituciones financieras.

Muchas veces, lo que envían bancos y casas de cambio (a la UIF) es información basura. Los obligados a dar reportes no son las autoridades gubernamentales, sino los operadores del sistema financiero: bancos, casas de cambio, etcétera. Son las instituciones bancarias las que siempre reportan a la UIF información de operaciones financieras por encima de los 10 mil dólares. ¿Imagínate cuántas de ese tipo se realizan en los bancos? ¡Muchas!, puntualizó Acosta.