La secretaria general adjunta de Amnistía Internacional (AI), Kate Gilmore, presentó ayer, en conferencia de prensa en la ciudad de México, el Informe sobre la prohibición total del aborto en Nicaragua, y denunció que en ese país se criminaliza la interrupción del embarazo, sin excepciones, bajo ninguna circunstancia, y con ello están obligando a niñas y mujeres violadas, inclusive por padres o conocidos, a tener a sus hijos.

Gilmore sostuvo que esa ley (el nuevo Código Penal) es producto de los tratos realizados en 2006 en Nicaragua, cuando en su búsqueda por el poder los partidos políticos más importantes entraron en negociaciones con grupos religiosos para intercambiar la protección médica y legal a las vidas y bienestar de niñas y mujeres. Es una norma ilegal, con severas sanciones criminales.

AI hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses para que eliminen inmediatamente la ley  que prohíbe toda forma de aborto, garantice la seguridad y el acceso a los servicios de aborto a víctimas de violación y a mujeres cuya vida o salud puedan estar en riesgo si continúa el embarazo.

De igual forma, AI pidió a esa nación que proteja la libertad de expresión de quienes hablan contra esa disposición y ofrezca apoyo a mujeres y niñas afectadas por dicha norma. A la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua le pidió que emita una resolución sobre la legalidad y/o constitucionalidad de la ley.

La secretaria general adjunta de AI subrayó que esos tratos, marcados por el interés propio, eliminaron y dieron un giro a más de 100 años de tradición legal nicaragüense. Dichas reformas están basadas en severas sanciones criminales para cualquier médico que desafíe la ley o cualquier niña o mujer que ignore las crueles consecuencias de esas disposiciones.

Sus repercusiones son claramente crueles, extrayendo un precio muy alto a los más vulnerables: los más pobres, los más jóvenes, los más enfermos, los más aislados y las mujeres y niñas violadas y embarazadas.

Gilmore destacó que globalmente 15 por ciento de los abortos son involuntarios, y con esta ley las miles de mujeres y niñas que sufran un aborto o interrupción espontánea de su embarazo enfrentarán el riesgo potencial de ser incriminadas, al igual que sus médicos.

Aún más, subrayó AI, las autoridades han colocado el embarazo de niñas y mujeres que padecen complicaciones de obstetricia en una posición imposible. Ellas no pueden tener acceso al tratamiento médico esencial, aun cuando su salud y en ciertos casos sus vidas se encuentren en grave peligro.