La contratación colectiva en el Distrito Federal está monopolizada por unos cuantos líderes sindicales que son identificables, lo que es un claro ejemplo de que el registro se realizó como mero mecanismo de control de los trabajadores y no como una auténtica contratación, afirmó el investigador Alfonso Bouzas, al presentar su libro Evaluación de la Contratación Colectiva en el Distrito Federal.

Al revisar más de 23 mil contratos colectivos registrados de 2001 a 2006 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM encontró una lista de por lo menos 89 representantes profesionales que encabezan a por lo menos dos sindicatos o colocan a familiares y amigos para coordinar otros más.

Entre la lista, el caso más representativo para Bouzas es el de Ramón Gámez, el zar de los contratos colectivos de protección patronal, quien ha colocado a su gente en sindicatos como el Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la República Mexicana, el Progresista de Trabajadores de la Empresa Altamira Terminal Portuaria, la Federación Sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores, y otros dos más.

Y así surgen nombres como el de María Eugenia Aguirre Arana, que representa a trabajadores de ramos tan distantes como el químico y de casas comerciales; Miguel Ángel Aragón, líder de cuatro centrales de la industria alimenticia y de las artes gráficas, o Margarita Carrillo, que representa a los sindicatos de trabajadores del comercio y a los de la industria del calzado.