Miles de usuarios de prácticamente todo el país han dejado de pagar los consumos de energía eléctrica en protesta por las elevadas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de que en las administraciones a cargo del Partido Acción Nacional (PAN), el aumento en los precios de la electricidad es de casi 54 por ciento, nivel 14 por ciento por encima de la inflación acumulada entre diciembre de 2000 y junio de 2009, la cual fue de 47 por ciento.

Solamente, en el primer semestre de 2009, la CFE obtuvo utilidades netas por 2 mil 785 millones de pesos, un crecimiento de 27.4 por ciento superior a las registradas en el mismo periodo del año pasado, pese a que sus ventas de electricidad cayeron 16 por ciento. Según la empresa este resultado se obtuvo principalmente por fluctuaciones cambiarias favorables y otros ingresos. La CFE registró 999 millones de pesos en el rubro de otros ingresos, cifra 90.8 veces superior a los 11 millones de pesos registrados por este rubro en enero-junio de 2008.

Sin embargo, sus ingresos por venta de energía fueron 19 mil 761 millones de pesos menores respecto de los 123 mil 536 millones de pesos registrados en el primer semestre de 2008, al sumar en la primera mitad de 2009, 103 mil 775 millones de pesos.

Las protestas por los altos precios de la electricidad van en ascenso desde el año 2000, cuando Alfredo Elías Ayub, director de la empresa desde principios de 1999, en la fase final del último gobierno priísta, fue ratificado por el entrante gobierno de Vicente Fox y posteriormente por el de Felipe Calderón. Aunque desde los primeros años de la década de los 90 ya había casos en los que los usuarios no pagaban el servicio, fue en 1994 cuando la medida se generalizó en la mayoría de los municipios del sureste y se ha extendido a todo el país a partir de las administraciones del Partido Acción Nacional.

Esto en un contexto en el que 40 por ciento de la generación de electricidad en México es generada por empresas privadas extranjeras, en su mayoría españolas, que venden sus excedentes de energía a la CFE. Estas empresas, entre las que figuran Endesa, Acción Energía, Eurus-Sapi y Unión Fenosa, producen electricidad en cualquiera de las modalidades de autoabastecimiento, coogeneración, producción independiente, exportación e importación.

Mientras, miles de usuarios domésticos que se debaten entre el desempleo, la insuficiencia de ingresos y el deterioro del poder adquisitivo enfrentan tarifas impagables en términos de la actual situación económica del país y los hogares, y además sufren por la criminalización de la protesta. Los miles de afectados se encuentran indefensos porque la CFE, acusan, impone tarifas arbitrarias, alejadas de los consumos reales y de la situación de los municipios marginados.

Por ejemplo, el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas de la región de Candelaria, Campeche, se declaró en alerta permanente ante el acoso de policías federales que pretenden ejecutar las órdenes de aprehensión contra 29 activistas de este movimiento, a quienes se acusa del delito de secuestro.

Los activistas se declararon en morosidad de pago de las tarifas bimestrales de la CFE debido a que los recibos llegan hasta por 6 mil pesos para las familias de los campesinos que no poseen más que lo indispensable en sus hogares.

El pasado 10 de julio, fueron detenidos cinco integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica contra las Altas Tarifas Eléctricas, entre ellos Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Guadalupe Lizcano y Élmer Castellanos, a quienes un juez federal les dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro. El motivo de las detenciones se remonta a noviembre pasado cuando un inspector de CFE intentó cortar el suministro, los pobladores lo impidieron y retuvieron por algunas horas, lo que motivó que la paraestatal denunciara los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En otras regiones del sureste del país, casi medio millón de usuarios de la CFE de las regiones de Chiapas, Villa Hermosa, La Chontalpa y Los Ríos, estas últimas en Tabasco, también se han declarado en moratoria de pagos en protesta por lo que consideran cobro injustificado del servicio.

Es un verdadero atraco lo que la CFE comete en contra de la ciudadanía tabasqueña, acusó sumamente molesto en una estación de radio Manuel Ortiz, quien alega que antes pagaba 300 o 400 pesos de consumo y ahora le llegan los recibos de luz de 3 mil 500 y 4 mil pesos y yo no tengo paletería ni fábrica de hielo. El quejoso vive en una colonia popular con sólo un clima, una televisión y un refrigerador.

Los casos se multiplican y las inconformidades de la gente aumentan. Sofía Garrido, que tiene su domicilio en la zona de la Ciudad Deportiva, en Tabasco considerada residencial, pagaba un consumo de 3 mil 200 pesos, pero en los últimos meses las cantidades se han triplicado al ascender a 10 mil 338 pesos. Por los altos precios de la energía acumula una deuda de 50 mil 421 pesos. Y va uno a la CFE sólo a perder el tiempo y hacer coraje porque te dicen que esa es la cantidad que señala el sistema y punto.

Sin embargo, para la CFE las protestas y el número de usuarios en franca resistencia no son motivo de preocupación. Estefano Conde, vocero de la empresa eléctrica, aseguró que la cartera de morosos en CFE no es elevada y las protestas son de grupos aislados, aunque nunca precisó sobre el monto del quebranto por estas acciones de resistencia civil.

Pese al Acuerdo Solidario Compensatorio (ASC) firmado en octubre de 2007 entre el gobierno federal y Tabasco, según el cual bajarían las tarifas eléctricas en la entidad y se condonarían los adeudos de usuarios morosos, a un año y nueve meses de pactarse el convenio la inconformidad entre la población tabasqueña aumenta contra CFE al persistir los abusos en la facturación del servicio de energía.

En Chiapas, un ejemplo de la presencia del movimiento de resistencia está en San Juan Canuc, uno de los 100 municipios del país con menor índice de desarrollo humano tiene 8 mil 735 usuarios en 47 comunidades y 3 mil 991 –casi la mitad– están en resistencia de pago. Esto contrasta con la energía que aporta Chiapas, pues con sus cuatro centrales (La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas), esta entidad representa más de 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica total en operación de la paraestatal.

Adicionalmente, el 22 de junio pasado, unos 3 mil pobladores de los municipios de Comitán, Las Margaritas y Chicomuselo, en Chiapas, retiraron de sus casas los medidores de energía eléctrica y los dejaron frente a las oficinas de la CFE, en protesta de las altas tarifas.