Ante la escalada del conflicto de tierras en los límites entre Jalisco y Colima y la falta de compromiso de los gobiernos federal y de la primera entidad para resolverlo conforme a la ley, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Frente Regional Pro Manantlán (Fremar) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acordaron pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se adopten medidas cautelares para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población afectada y de los ejidatarios de Ayotitlán.

También se pedirá a la CIDH intervenir para que se respeten las resoluciones agrarias, salgan de inmediato los policías estatales y municipales de ambos estados y que la Federación, en coordinación con las autoridades civiles electas por los 14 poblados de la cuenca del Marabasco, preste los servicios públicos que sus habitantes reclaman para trabajar y vivir en paz, mientras se resuelve un diferendo territorial que ha pasado por todos los poderes del Estado mexicano sin que ninguno lo haya resuelto conforme a la Constitución.

Luego que un grupo de indígenas nahuas apoyados por el municipio jalisciense de Cuautitlán intentó ejecutar el amparo directo 151/97, que reconoce 40 hectáreas de la comunidad Las Pesadas como propiedad del ejido de Ayotitlán, hizo que autoridades municipales y estatales de Colima enviaran el lunes decenas de policías y funcionarios estatales que mantienen un cerco alrededor del poblado.

El primer tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, con sede en Guadalajara, concedió el amparo a los indígenas jaliscienses para finiquitar un conflicto iniciado en 1995 por la posesión de 40 hectáreas que reclama un supuesto pequeño propietario de Minatitlán, Colima, Elidio Monroy Nieves. Los nahuas pretenden que 30 familias se asienten en esas tierras para trabajarlas.

Los límites entre Cuautitlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima, siguen sin estar definidos, como parte de un litigio mayor por más de 500 kilómetros cuadrados. La pugna entre los gobiernos de ambas entidades se encuentra entrampado desde hace años en el Senado.

En el fondo de la disputa están los intereses económicos de empresas mineras, interesadas en explotar los yacimientos de hierro más importantes del país.

La incapacidad de autoridades estatales y federales para resolver el problema ha generado tensiones en la zona: ya se han cometido varios asesinatos, que siguen impunes, y recientemente se ha agudizado la segregación contra los habitantes de Las Pesadas, a quienes les quitaron el suministro de electricidad y ahora viven sitiados por la policía.

La Red Jalisciense de Derechos Humanos reportó que el domingo 26 de julio los ejidatarios nahuas de Ayotitlán decidieron en asamblea ejecutar el amparo que obtuvieron luego de más de 10 años de proceso legal.

Aunque en junio solicitaron apoyo al gobierno jalisciense, al Ejército Mexicano y al ayuntamiento de Cuautitlán para colocar mojoneras y recuperar parte de los terrenos, el lunes pasado los 120 campesinos que salieron de la delegación de Telcruz, Jalisco, rumbo a Las Pesadas, sólo iban acompañados de tres patrullas de la policía de Cuautitlán.

Los agentes de Colima apostados en Las Pesadas sólo dejaron pasar a una patrulla de Jalisco, pero poco más de una hora después llegaron decenas de elementos armados de Colima en al menos 20 vehículos.

A continuación llegaron 10 patrullas más con funcionarios de la Dirección Agraria de Colima para detener las labores, y se acordó resolver el conflicto mediante una mesa de trabajo. Sin embargo, refirió la red, y el diálogo no se llevó a cabo porque los funcionarios colimenses insistían en trasladarse a Minatitlán y los jaliscienses querían que fuera en Las Pesadas.

Ayer trascendió que Jalisco reforzará su presencia policiaca en la zona.