En su primer informe sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, asegura que tienen responsabilidades el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su delegación en la entidad, así como los gobiernos estatal y municipal, y recalca que la tragedia, por la que han perdido la vida 49 niños, pudo evitarse si se hubiera contado con el personal requerido y con detectores de monóxido de carbono.

En el avance de la investigación que el ombudsman presentará hoy en Hermosillo ante los padres de los menores fallecidos y lesionados, dará cuenta de un cúmulo de violaciones a la ley por parte de autoridades y propietarios de la guardería.

Sostiene que desde el punto de vista médico forense, los fallecimientos pudieron evitarse de haberse percatado el personal de la guardería ABC de la presencia de humo y gases tóxicos, así como del aumento de la temperatura, pero eso no fue posible, indica, porque se carecía de detectores de monóxido de carbono.

Sostiene que no había el número de trabajadores y personal requerido de acuerdo con la normatividad vigente, que debió ser de 30 asistentes educativos, para apoyar en el desalojo de los infantes en el momento del incendio. Además de que, en contravención con la norma para prestación de servicio de asistencia social para menores y adultos mayores, en lo muros de la guardería se utilizaron materiales inflamables o que producían gases o humos tóxicos.

A esto se suma que el inmueble donde estaba la guardería ABC carecía de salida de emergencia y los responsables de la estancia no atendieron los requerimientos que en esa materia les hizo la delegación del IMSS.

En el informe, Soberanes apunta: el IMSS y los funcionarios responsables de la delegación estatal y de la jefatura delegacional de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales incurrieron en la inobservancia de las normas oficiales mexicanas NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, y NOM-002-STPS-2000, sobre condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en centros de trabajo.

También incumplieron la norma sobre disposiciones para la operación del servicio de guarderías, el reglamento de construcción del municipio de Hermosillo y las bases para la subrogación de guarderías del Sistema Vecinal Comunitario, así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“El otorgamiento de la licencia de uso de suelo se encontraba condicionado –argumenta Soberanes– a que se contara con un área de estacionamiento, lo que incumplió; el inmueble ocupado por la guardería no contaba con puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación; se omitió atender el oficio del jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Hermosillo, que comunicó al representante legal de la guardería que era necesario instalar una puerta de dos metros de ancho, abatible, de doble hoja.”

El ombudsman señala que en contravención a la NOM-167-SSA1-1997, en los muros de la estancia se utilizaron materiales inflamables o que producían gases tóxicos, y no se contaba con detectores de monóxido de carbono.

Desde el punto de vista médico-forense, los fallecimientos eran previsibles, de haberse percatado el personal a cargo de la guardería de la presencia de humo y de gases tóxicos perceptibles por el olfato humano, así como el aumento de la temperatura de la guardería, de haber contado con  detectores de monóxido de carbono.

En el momento del siniestro, apunta el titular de la CNDH, la guardería “no contaba con el personal suficiente ni requerido por la tabla de número de plazas del personal educativo de acuerdo a la cantidad de niños por sala de atención. Con base en el número de niños inscritos debían  estar presentes, a la hora del siniestro, 30 asistentes educativos en todas las salas que conforman la guardería.

De las evidencias obtenidas por la CNDH, en ese momento se encontraba un número insuficiente de trabajadores para atender a los menores, así como para apoyar la evacuación.

Soberanes afirma que se omitió considerar que en términos de lo dispuesto por la norma sobre las disposiciones para la operación del servicio de guarderías,  durante su estancia en ellas los infantes deberán ser constantemente vigilados y atendidos por el personal, y por ningún motivo permanecerán solos, cuidando con especial énfasis a los menores de 12 meses.

La guardería no contaba con dimensión suficiente y ventilada; el Seguro Social no verificó que la construcción propuesta para operar como guardería en inmueble ex profeso o adaptado, estuviera alejada de vías rápidas o carreteras, gasolineras o cualquier otro riesgo.

También se incumplió con el reglamento de protección civil municipal, al no contar con instalaciones para la prevención de incendios, mismos que no fueron exigidos por funcionarios del IMSS; se omitió considerar que el inmueble carecía de alumbrado automático de emergencia.

La CNDH sostiene que a pesar de que los responsables de la guardería conocían sobre esas deficiencias, en ningún momentos subsanaron las irregularidades, y el IMSS no exigió la licencia de construcción por la remodelación.

En tanto, las autoridades del ayuntamiento de Hermosillo omitieron observar el reglamento municipal y la Ley de Protección Civil, mientras las autoridades de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado violaron la norma NOM-002-STPS-2000, sobre condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.