La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó a la Procuraduría General de la República (PGR), y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal,  que envíen un informe sobre sus operativos contra el narcotráfico y exhortó al procurador Eduardo Medina Mora  a que se conduzca con estricto apego al marco del derecho en el caso de los ciudadanos detenidos en las acciones realizadas en Michoacán.

Además, solicitaron los nombres de los delegados y funcionarios responsables de la PGR y de la SSP en las entidades federativas  donde se realizaron los operativos, en particular de aquellos que estuvieron en funciones durante el curso de las investigaciones que fueron la base de las acciones de seguridad, así como la situación legal de dichos funcionarios.

Al mismo tiempo, se exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que en uso de sus atribuciones inicie de oficio una investigación por presuntas violaciones a las garantías constitucionales de los detenidos durante los operativos del 26 de mayo y 29 de junio de este año.

El diputado Juan Guerra, autor de uno de los dos puntos de acuerdo dictaminados, sostiene que  existen elementos para dudar de los objetivos de algunos operativos en diversos estados para aprehender a funcionarios y policías locales y municipales presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Guerra señala que algunos de esos operativos pueden ser ajenos al combate al crimen organizado, la procuración de justicia o el fortalecimientos de las instituciones, ello, por la forma en que fueron publicitados, la falta de coordinación con las autoridades de las entidades y la irrupción violenta en oficinas de los poderes de los estados, pues generaron un golpe político injustificado contra algunos gobiernos locales que han colaborado abierta y estrechamente con el gobierno federal para erradicar el narcotráfico o el secuestro.

El segundo punto de acuerdo, propuesto por los diputados Javier González Garza y el senador Silvano Aureoles Cornejo, del PRD, se refiere al operativo militar efectuado el 26 de mayo en Michoacán, en el que fueron detenidos 27 funcionarios, entre ellos 11 presidentes municipales.   

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, propuso que al dictamen se le añadiera una solicitud para que “nos informen cuántas personas están arraigadas y cuántos han sido consignadas al Ministerio Público para ser procesadas, porque me temo que a más de la mitad de los arraigados después de 80 días les dicen: usted disculpe, nos equivocamos. Esta propuesta fue aprobada.