La senadora Rosario Ibarra de Piedra y el ex diputado federal de Convergencia Jesús González Schmal, acudieron ayer a la fiscalía especializada en delitos federales de la Procuraduría General de la República (PGR) para ratificar una denuncia penal contra el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Francisco Cuevas, y del magistrado de ese órgano judicial, Alejandro Sánchez.

Acusan a los juzgadores de no dar cumplimiento a la ejecutoria de un amparo que ordenó en mayo pasado a ese órgano jurisdiccional validar una queja interpuesta por miembros de una organización ecologista, la cual impugna los permisos para las obras de explotación mineral en San Luis Potosí, por considerar que afectan al medio ambiente.

El tema de fondo que buscan los denunciantes es echar abajo una disposición presuntamente ilegal emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, que hace dos años volvió a conceder un permiso a la compañía Minera San Xavier, filial de la empresa canadiense New Gold, en favor del proyecto de explotación de oro y plata en Cerro San Pedro, ubicado en el estado de San Luis Potosí, bajo el proceso de explosiones en tajo a cielo abierto.

Según los quejosos, al conceder el permiso, la Semarnat violó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como Decretos Estatales y la Norma Oficial Mexicana.

González Schmal indicó que los magistrados están incurriendo en delitos cometidos por servidores públicos, como indolencia, inobservancia de las obligaciones que conforme a la ley orgánica del TFJFA tiene su presidente, así como el no acatamiento de una ejecutoria de amparo del Poder Judicial Federal, que conlleva pena privativa de la libertad, multas económicas e inhabilitación de funciones.