La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) solicitó ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue el cerco que mantiene la policía de Colima en la comunidad Las Pesadas, municipio de Minatitlán, luego que el lunes pasado indígenas nahuas del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, intentaron recuperar tierras ubicadas en Las Pesadas.

“Este es sólo un capítulo de lo que ha ocurrido en Plan de Méndez (comunidad perteneciente a Cuautitlán de García Barragán) y en el municipio de Cihuatlán, en la zona del El Rebalse y La Culebra.

En Cuautitlán de García Barragán y Cihuatlán, donde existen conflictos limítrofes con Colima, hay abundantes riquezas naturales. En el primero, encontramos zonas de minería. Ahí está enclavada la sierra de Manantlán. En el segundo tenemos una franja de playas hermosas con potencial para el desarrollo turístico, expuso el tercer visitador de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.

Recordó que la CEDHJ ha recibido acusaciones contra los alrededor de 60 policías colimenses desplegados en Las Pesadas, por ocasionar molestias injustificadas a habitantes de esa comunidad, como cerrar tiendas y el comedor comunitario, con el argumento de que no tienen permiso del ayuntamiento de Minatitlán, Colima, aunque el ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán les haya autorizado operar.

La semana pasada familias nahuas de Ayotitlán acordaron recuperar las 40 hectáreas que disputan a pobladores de Colima, luego que el tribunal colegiado en materia administrativa del tercer distrito les concedió el amparo 151/97 para que esas tierras fueran reincorporadas al ejido.

Hernández Barrón indicó que, según el reporte de los visitadores que acudieron a Las Pesadas, el camino está cerrado y el director de seguridad pública de Minatitlán está a cargo de un retén donde se solicita identificación a quienes ingresa al poblado y se les interroga sobre el motivo de la visita.

Los gobiernos federal y de ambas entidades no han sido capaces de resolver el conflicto jurídico. Mientras, los habitantes sufren carencias de todo tipo, algo inadmisible en dos de los estados que se supone tienen niveles de desarrollo humano que están entre los mejores del país, opinó el visitador de la CEDHJ.

Señaló que la queja se hizo llegar a la CNDH porque el conflicto limítrofe involucra a dos entidades y a la Federación.

Alfonso Hernández Barrón destacó la labor de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en este territorio, pues su presencia, aseguró, ha dado alternativas de solución pacífica a este y otros conflictos.

El gobierno de Jalisco no emitió declaración alguna sobre el cerco que instaló la policía de Colima en Las Pesadas, y el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, se negó a recibir a miembros de la Red Jalisciense de Derechos Humanos que la tarde de ayer se presentaron en palacio de gobierno para solicitar una respuesta formal del Ejecutivo estatal.

Oscar González Garí, presidente de la organización no gubernamental, y Martín Gómez, integrante del mismo organismo, fueron recibidos por Javier de Jesús Lechuga Millán, director de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del estado, con quien se acordó, luego de casi tres horas, derivar a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos el tema para diseñar una estrategia conjunta en defensa de los derechos de los nahuas.