l 30 de julio se cumplieron dos años de que estallaron huelgas las secciones 17, 65 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) en diversos yacimientos de Guerrero, Sonora y Zacatecas, para demandar mejores condiciones laborales –particularmente, en materia de seguridad laboral– y en protesta por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo perpetradas por la parte patronal, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, cuya fortuna se calcula en más de 7 mil millones de dólares.

Para poner en perspectiva ese movimiento sindical, es necesario recordar el clima de hostigamiento, persecución y criminalización desatado por el gobierno foxista contra los mineros: el 19 de febrero de 2006 un accidente en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, dejó como saldo 65 trabajadores muertos, y tanto la respuesta de la empresa como de las autoridades federales fue extremadamente insensible, exasperante y torpe. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) intentó desde un inicio encubrir la responsabilidad patronal en la tragedia y el propio titular del Ejecutivo federal dio información absolutamente falsa y fantasiosa sobre la situación de los mineros atrapados: llegó a afirmar que se les estaba proveyendo de comida cuando ni siquiera se tenía idea de su ubicación y de si estaban vivos. Como el máximo dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, criticó abiertamente la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos, el gobierno foxista, que hasta entonces mantenía buenas relaciones con la dirigencia sindical, emprendió una campaña de acoso judicial contra el líder minero y de injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, que llegó al colmo de pretender imponerle, por conducto de la STPS, una cúpula espuria. El ensañamiento foxista contra el gremio se confirmó en abril siguiente con el sangriento desalojo de los trabajadores siderúrgicos de Sicartsa, Michoacán, también afiliados al SNTMMSRM.

Con esos antecedentes, y con el recuerdo fresco de lo ocurrido en el socavón coahuilense, el sindicato estalló una huelga que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se apresuró a declarar inexistente, determinación que pudo ser contrarrestada por sucesivos fallos judiciales que ampararon a los obreros. Más allá de las vías administrativa y jurisdiccional, y a pesar de los llamados al diálogo formulados por la STPS, empresa y autoridades federales siguieron azuzando a grupos de provocadores para que reventaran la huelga en Cananea, al grado de que, un día después de colocadas las banderas rojinegras, los obreros fueron agredidos con piedras y palos por supuestos disidentes sindicales.

Desde entonces a la fecha, el gobierno calderonista, por conducto del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ha mostrado una actitud abiertamente favorable a la empresa y contraria al sindicato, no ha cejado en su empeño por atribuir a los mineros la responsabilidad del conflicto y ha recurrido incluso a la fabricación de argumentos falsos, como que los mineros habían agregado a sus reivindicaciones una petición extralaboral: el cese de la persecución penal contra Gómez Urrutia –actualmente refugiado en Canadá–, a quien las autoridades le atribuyen presuntos manejos turbios y malversaciones de fondos.

Posteriormente, Grupo México recurrió a la táctica de demandar la terminación de las relaciones de trabajo en Cananea y para ello invocó la cobertura de la Secretaría de Economía (SE), la cual, en marzo de 2009, y tras una inspección amañada en un área donde sólo había maquinaria de desecho y basura industrial, dictaminó que el yacimiento no estaba en condiciones de seguir operando. El mes siguiente, la JFCA dio por buena la argumentación de la SE y aprobó la terminación de las relaciones de trabajo, pero una vez más los mineros en huelga obtuvieron la suspensión judicial de esa determinación.

En el conflicto de Cananea y de los otros yacimientos en huelga se juegan no sólo los derechos laborales de los mineros y del conjunto de los asalariados mexicanos, sino también la vigencia de una legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, lo más grave, por las autoridades encargadas de hacerla cumplir. El gobierno calderonista parece decidido a poner todo su peso para lograr la desarticulación del sindicato minero y la derrota de sus agremiados, y en ese afán llega a tolerar, acaso sin saberlo, atropellos semejantes a los que permitió el régimen porfirista, hace más de 100 años, en el mismo yacimiento, los cuales provocaron la célebre rebelión que antecedió a la Revolución Mexicana. Se diría que la protección a Grupo México y la liquidación del movimiento laboral se ha convertido en una razón de Estado o, peor, en un empecinamiento de Estado que exhibe al grupo gobernante en su carácter antipopular, en su insensibilidad y en su escaso respeto al espíritu y a la letra de las leyes. Por su parte, los mineros han llevado a cabo en estos dos años una gesta que ha suscitado la solidaridad y la admiración de innumerables ciudadanos, movimientos y organizaciones sociales. El pulso sigue.