Buenos Aires, 1º de agosto. Defensores del general Santiago Omar Riveros, bajo cuya responsabilidad estuvo el gran centro clandestino de detención en Campo de Mayo, intentaron una defensa de la tortura en su presentación en uno de los juicios más conmovedores de los últimos tiempos.

Se trata de la causa por secuestro, torturas y asesinato de Floreal Avellaneda, secuestrado a los 14 años de edad junto con su madre, Iris Pereyra, militante del Partido Comunista, por grupos de tarea de la dictadura, en 1976.

El cadáver del niño fue hallado años después enterrado en las costas uruguayas como no identificado, con señales de feroces torturas incluyendo empalamiento.

Riveros ya ha sido condenado, junto con el fallecido general Guillermo Suárez Mason, por la justicia de Italia a cadena perpetua en 2000, por la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina.

Tenía unas 40 causas pendientes cuando el ex presidente Carlos Menem lo indultó junto con otros criminales. Pero cuando se ordenó anular el indulto a Riveros, en 2006, por robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, se sentó jurisprudencia. La Corte Suprema abolió los indultos en 2007.

En su momento el general escribió una carta para defenderse, donde dijo que hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares.

Lo dijo poco antes de que se ordenara su detención en 2000, en una causa por el robo de niños.

El general Riveros siempre negó que existieran centros de detención en Campo de Mayo, aunque reconoció que sí hubo lugares de reunión de detenidos.

Los abogados que lo defienden, como a los otros imputados en este causa, pidieron a los jueces que tengan en cuenta la edad, salud y además su accionar en una gesta patriótica, como dijo el Estado que los educó, los adoctrinó y ahora los juzga.

El abogado Carlos Palermo intentó justificar las prácticas: El problema sobre la tortura es complejo, dijo, y citó al jurista alemán Günter Jakobs, al señalar que se podría conminar de manera enérgica a quien fuera cómplice de algún delito para obtener confesión, como puede suceder en los casos de secuestros.

Palermo negó todo, incluso que madre e hijo hubieran sido torturados, pese a que hay constancia de ello por el Equipo de Antropología Forense y testigos. Dijo que la aparición del cadáver mutilado y atado de pies y manos pudo deberse a un accidente.