El Instituto Federal Electoral (IFE) podría encabezar la expedición de la cédula de identidad ciudadana y, de esa forma, se evitarían los efectos negativos vinculados al desplazamiento de la credencial para votar (como documento de identificación oficial), señalaron los consejeros Marco Gómez Alcántar y Marco Baños Martínez.

Ésa sería una propuesta, dijo Baños; sin embargo, la Secretaría de Gobernación no ha contestado nuestra solicitud para establecer un vínculo oficial de comunicación.

Evidentemente hay falta de coordinación del gobierno federal. No creo que el preámbulo, rumbo a la elección de 2012, sea el mejor momento para expedir la cédula de identidad, advirtió.

Los consejeros afirmaron que el IFE cuenta con una estructura sólida –construida en casi 19 años de existencia– y experiencia para integrar la base de datos más completa, por lo menos en lo que se refiere a personas mayores de edad.

De una población de 106 millones, el IFE ya cuenta con información de casi 78 millones y faltaría precisar qué instancia –y con qué recursos humanos y materiales– completará los registros, incluidos los biométricos.

Para que el IFE pudiera retomar tales atribuciones, serían necesarias reformas legales, porque la integración del registro nacional ciudadano es una facultad del gobierno federal.

El presidente Felipe Calderón anunció esta semana que su administración expedirá la cédula de identidad ciudadana, obligación añeja del Estado, establecida en la Ley General de Población publicada en 1974, capítulo sexto, artículo 89.

Pero también es un compromiso del gobierno federal en el acuerdo nacional de seguridad firmado en agosto de 2008. En ese momento, se colocó una meta de tres años para la expedición de la cédula, es decir, a finales de 2011.

Baños Martínez precisó que el IFE maneja actualmente la base de datos de 78 millones de mexicanos (55 millones con datos biométricos como huellas y fotografías); corresponde a datos de mayores de edad, de ahí que otra instancia, como el Registro Nacional de Población –dependiente de la Secretaría de Gobernación– podría ocuparse de los menores de 18 años, así como de los mexicanos residentes en el extranjero y de los extranjeros naturalizados que viven en nuestro país.

La previsión gubernamental incluye la cédula con elementos de identificación y seguridad como fotografía, huellas dactilares, la composición del iris, patrones faciales y tipo de sangre.

Sin embargo, precisó Gómez Alcántar, una solución es que la operación del registro señalado corra a cargo del IFE, en principio para no relegar al padrón electoral y, en consecuencia, la inscripción de los ciudadanos a esa lista.

Y es que con la expedición de una cédula de identidad se restaría esa cualidad a la credencial para votar con fotografía y, de acuerdo con las advertencias de consejeros y representantes partidistas, ello afectaría negativamente en la actualización del padrón y en la participación de los ciudadanos en los comicios.

Estas alternativas preliminares son planteadas cuando los consejeros del IFE no han recibido respuesta de Gobernación respecto al diálogo solicitado desde el jueves por la noche. Sólo con información oficial, el instituto definirá una postura apropiada al respecto.

El IFE advirtió que cualquier decisión del Ejecutivo acerca de la cédula (incluso si solicita la transmisión de la base de datos del padrón electoral) tiene que ser consultada previamente.

Ello porque con la creación del IFE y la emisión de la credencial para votar, la laguna legal hasta entonces existente en materia de identificación oficial por parte del Estado fue subsanada por la mica para sufragar, con las previsiones jurídicas del caso.

Es decir, la credencial ha cumplido con una función que le encomendó el Congreso desde hace casi dos décadas.