Ante el rechazo del gobierno mexicano a tres recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca de temas sobre defensa de los derechos humanos, la bancada del PRD en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de impedir que en el combate al narcotráfico y la inseguridad, activistas de movimientos sociales y opositores políticos sean acusados de pertenecer a bandas criminales.

La reforma busca redefinir el concepto de delincuencia organizada, que el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó de ambiguo, porque da pie para criminalizar la protesta social, explicó el senador perredista Tomás Torres.

El artículo dos de esa legislación señala que cuando tres o más personas se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos señalados por el mismo artículo, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada.

Entre los delitos enunciados están terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio, secuestro y trata de personas.

Torres explicó que la ONU recomendó al gobierno de Felipe Calderón que asuma una definición de delincuencia organizada consistente con la de la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida como Convención de Palermo, ratificada por el gobierno mexicano en marzo de 2003.

El gobierno federal rechazó la recomendación –así como las relacionadas con el fuero militar y el arraigo– con el argumento de que esa ley es más avanzada y estricta que la Convención de Palermo.

Ante ello, la bancada del PRD presentó en la pasada sesión de la Comisión Permanente una iniciativa para modificar la redacción del artículo dos de dicha ley, y con ello impedir que se acuse a activistas y políticos de pertenecer a grupos criminales.

El nuevo texto señala: cuando tres o más personas se organicen y actúen concertadamente para realizar en forma permanente conductas que tengan como propósito cometer algún delito para obtener un lucro, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

Así, sostuvo, se podrán diferenciar los movimientos sociales y políticos de aquellos grupos delictivos que cometen delitos como terrorismo, narcotráfico, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, corrupción de menores o pornografía.

En tanto, el senador Ricardo Monreal, del PT, comentó que espera que su iniciativa para derogar la figura de arraigo de la Constitución sea aprobada en el próximo periodo de sesiones, ya que es otra de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al gobierno de Calderón, como parte del Mecanismo de Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.

“El arraigo, más que instrumento para combatir el crimen organizado, se ha convertido en método de persecución política. Baste recordar lo ocurrido en Michoacán, donde funcionarios inocentes han sido privados de la libertad con el pretexto de ser investigados por presuntos nexos con el narco, que en realidad fue una estrategia electoral fallida del calderonismo”.