Un incremento de precios y tarifas públicas, como en la gasolina y el agua, podría repercutir en nuevas presiones inflacionarias, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Afirmó que es imprescindible controlar los efectos que puedan generar los inminentes aumentos, tras el debilitamiento de la recaudación pública en la primera mitad del año y del rumbo hacia donde se encamina la política económica, toda vez que en su Informe trimestral de inflación abril-junio el Banco de México considera dentro del balance de riesgos una modificación en la actual política de precios administrados para el 2010.

En su Análisis económico ejecutivo el CEESP señaló que sin duda los aumentos a las tarifas de servicios administrados por el gobierno ponen a las autoridades monetarias en una disyuntiva, pues si las presiones sobre los precios al consumidor aumentan, la necesidad de incrementar las tasas de interés crece, lo cual contrastaría con el estímulo a la actividad económica que se busca con una política de tasas a la baja.

Es evidente que el margen de maniobra se reduce, sobre todo cuando la necesidad de crecer se incrementa. Es por ello que se requieren acciones prontas para estimular la actividad productiva del país y con ello evitar un mayor deterioro del mercado laboral, pero al mismo tiempo es imprescindible controlar los efectos que puedan generar un aumento de precios públicos con el fin de mejorar la situación de las finanzas públicas.

El CEESP apremió a implementar acciones urgentes para estimular la actividad productiva nacional, aunque subrayó que el entorno no es sencillo, sobre todo cuando las más recientes previsiones anticipan una caída cercana a 8 por ciento en la economía durante 2009; puntualizó que aun cuando comenzara un crecimiento el próximo año, los niveles de producción perdidos se recuperarían hasta 2012, y subrayó: crecer a niveles de 2.5 y 3.5 por ciento en 2010 y 2011 es insuficiente para recuperar lo perdido.

Este panorama, dijo, debe dejar fuera de duda la necesidad de realizar las reformas que requiere el país lo más pronto posible, pues seguir creciendo a un ritmo como el registrado en las últimas décadas no asegura una mejora en el bienestar de la población ni avances significativos en reducción de la pobreza.

Por otro lado, el CEESP señaló que el trabajo informal aumentó de 27.1 por ciento en el último trimestre de 2008 a 28.2 por ciento en el primero de 2009, con respecto a la población ocupada en este sector. Agregó que en esos seis meses el número de trabajadores que se encuentran en la economía informal y que carecen de acceso a instituciones de salud –públicas o privadas– pasó de 62.5 a 63.4 por ciento.

Es duro reconocerlo, pero el trabajo informal ha funcionado como una red de seguridad, ya que representa una fuente de ingresos alterna, expuso el organismo privado, que atribuyó dicho incremento a la pérdida masiva de empleos formales a causa de la crisis económica, así como a la carencia de un sistema de protección social y de un seguro de desempleo.

Advirtió que dado el entorno actual de la crisis y las perspectivas de una lenta y dolorosa recuperación, es factible que las empresas se vean forzadas a reducir costos de mano de obra, intensificando la ola de despidos y empujando a las empresas a buscar alternativas más baratas de contratación que no incluyen seguridad social.