Ayutla de los Libres, Gro., 2 de agosto. “México es un país prioritario y de mucha preocupación para Amnistía Internacional (AI) por las violaciones a los derechos humanos. Por eso estamos aquí, porque somos conscientes de la agresión en contra de los miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phá (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Es un acto de solidaridad y acompañamiento a estos organismos”, afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, acompañado de Kathy Price, representante de la misma organización en Canadá.

Ambos encabezaron una delegación de 50 integrantes de AI y de las Brigadas Internacionales de Paz que visitó a Raúl Hernández, declarado preso de conciencia y recluido desde el 17 de abril del año pasado en la cárcel municipal de Ayutla de los Libres, acusado de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, informante del Ejército Mexicano, perpetrado el 31 de diciembre de 2007 en la comunidad El Camalote. En entrevista, ambos coincidieron en que les preocupa lo que sucede en Guerrero, sobre todo la agresión constante en contra de los defensores de los derechos humanos.

Herrera adelantó que miembros de AI se manifestarán este lunes ante el palacio de gobierno del estado, en Chilpancingo. Sabemos que la situación de Raúl no es la única, y que en la entidad hay un clima generalizado de agresiones, amenazas, intimidaciones, e incluso asesinatos en contra de defensores a los derechos humanos, que es motivo de preocupación internacional.

Añadió que esta semana se pondrán en contacto con la embajada de Canadá en México. Vamos a externarle nuestras preocupaciones para que pueda realizar las gestiones desde el ámbito diplomático, para que el Estado mexicano sea consciente de que este tipo de arbitrariedades no son bien vistas; tanto la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como AI nos hemos venido pronunciando desde hace meses sobre la gravedad de esta situación, dijo.

Sobre la visita que AI realizó a Raúl Hernández Abundio en el penal de Ayutla de Los Libres la tarde de domingo, Herrera señaló que participaron activistas de México y Canadá para expresar, en primer lugar, solidaridad con Raúl Hernández, quien ha sido declarado prisionero de conciencia. Es uno de los pronunciamientos más trascendentes que AI tiene en sus 48 años de historia.

Explicó que AI está convencida de que la única razón por la que (Raúl Hernández) permanece en prisión desde hace casi 18 meses es su labor en defensa de la dignidad humana. Estamos analizando otros casos emblemáticos.

Recordó que AI ha luchado para liberar a otros prisioneros de conciencia como Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en Guerrero, así como Magdalena García Durán, en el estado de México.

Por su parte, Kathy Price, represnetantes de AI en Canadá, consideró que el caso de Raúl Hernández refleja una gran injusticia en contra de los miembros de la OPIM y los defensores de los derechos de los indígenas, por eso nos estamos movilizando y pidiendo su liberación inmediata e incondicional,

Raúl Hernández, vestido con su uniforme de presidiario, recibió en la cárcel a la representación de AI, que le entregó un paquete con mensajes de solidaridad provenientes de 50 países. Rechazó haber participado en el asesinato del informante del Ejército. En ese tiempo yo era segundo comandante de la policía en El Camalote, y no es posible que después de tres días hayan dicho que fue asesinado. Por eso exijo al gobierno estatal una investigación a fondo de mi caso.

El coordinador de Tlalchinollan, Abel Barrera Hernández, aseguró que existe un contubernio entre autoridades federales y estatales para mantener en la cárcel a Hernández Abundio por ser miembro de la OPIM. “La visita de AI hará evidente a escala internacional que las autoridades guerrerenses y mexicanas no han permitido un juicio justo para el indígena defensor de los derechos del pueblo me’pha”.

Raúl Hernández fue detenido junto con los indígenas Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago por el homicidio de Alejandro Feliciano. Los acusados solicitaron un amparo y un juez federal lo concedió en octubre de 2008 a cuatro de los mencionados, pero no a Hernández.

La Procuraduría General de la República solicitó una revisión del dictamen, y por eso Cruz, Maldonado, Ortega y Santiago permanecieron en prisión hasta el 17 de marzo de 2009, pues un segundo tribunal federal confirmó que la evidencia sobre la cual se les inculpaba no tenía bases.

A Raúl Hernández se le negó el amparo, señaló AI, porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima; sin embargo, no se han querido tomar en cuenta que testigos presenciales aseguran que Hernández no estaba en el momento del asesinato.

AI destacó que los cargos contra los cinco indígenas son una represalia por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.

Con información de Víctor Ballinas