a restricción fiscal del gobierno es ya un asunto crucial en la situación económica del país y lo será también el año entrante. Así, el presupuesto federal de 2010 representará un acto político de mucha relevancia.
El Congreso deberá hacer ley una propuesta de Hacienda que reduzca el bache del déficit ante una fuerte caída de los ingresos públicos asociados con la crisis de la actividad productiva.
Y ahí no reside solamente el problema. Las cuentas públicas están enmarcadas en una estructura ineficiente de recaudación, de fijación de precios de bienes y servicios, de otorgamiento de subsidios, de discrecionalidad por parte de las autoridades y de gran cantidad de hoyos casi hechos a la medida y que están asociados, entre otros factores, con las prácticas de restricción de la competencia y de compromisos políticos.
La fiscalidad expresa, tal vez mejor que ningún otro aspecto, las contradicciones que existen en una organización social determinada. México es, sin duda, un caso digno de estudio.
Los economistas, como los que administran la hacienda pública, ponen mucha atención en las premisas teóricas que establecen las distorsiones en el funcionamiento de los mercados. Así, los mercados perfectos
y autoajustables se vuelven una especie de idealización a la que debe llegarse, precisamente, eliminando o cuando menos limitando las desviaciones que ocurren.
Pero se enfrentan, inevitablemente, con la política. Eso se sabe desde siempre. Adam Smith afirmaba ya en 1776 que el gobierno permitía la asociación de los empresarios para fijar precios, pero prohibía la de los trabajadores para incidir sobre los salarios. David Ricardo inició una batalla en el Parlamento británico en la segunda década del siglo XIX para eliminar la renta de los terratenientes abriendo la importación de trigo más barato del continente. Eso no se conseguiría hasta muchos años después por el poder y la resistencia de la nobleza.
La fiscalidad, un terreno clave de la Economía Política. Tanto es así que hace más de una década se enseñaba en las escuelas que ante la casi perfecta racionalidad de los agentes económicos, la política fiscal se volvía ineficaz pues estos ajustaban de modo rápido sus expectativas y compensaban incluso anticipadamente los efectos esperados.
Esa versión ya está en desuso. No se puede justificar a ultranza la ausencia o incluso la reducción al mínimo de la presencia del Estado y la consiguiente ampliación de los mercados que operan y se ajustan de manera automática. No hay más que ver el enorme estímulo fiscal que es necesario aplicar en Estados Unidos para compensar la exuberancia irracional
de los mercados en un entorno de escasa o ineficiente supervisión y regulación.
Y, claro está, la deuda en que se incurre con los déficit y las distorsiones que se provocan, habrá que pagarlas eventualmente y, siempre en el terreno de la política, esa carga puede imponerse de manera muy desigual entre los miembros de una sociedad. Pero el caso es que estamos en medio de una fuerte crisis.
El déficit fiscal que enfrenta ya el gobierno mexicano lo toma en una posición débil y vulnerable. Insisto en que esto no surge sólo de la caída del producto y del empleo, sino de la fragilidad crónica de las finanzas.
A ella contribuyen Pemex con su desorden y corrupción; el sistema de pensiones producto de un arreglo político caduco y que nadie quiere confrontar; la conformación de muchas prácticas de tributación junto con la forma en que se aplica la ley; la fijación de precios y subsidios, y la lista puede seguirse situándola siempre en un marco institucional cada vez más desgastado, pero que sigue reproduciéndose.
Ahora las distorsiones son evidentes, pero han estado ahí por décadas, de una u otra forma. Ese es el sistema que desde el salinismo y zedillismo se decía que duraría décadas más. Y así ha sido. Sus defensores todavía están ahí, por todas partes.
Si no se arremetió contra las distorsiones y la esclerosis institucional cuando había algo de crecimiento, difícil será hacerlo, más que con nuevos parches, en una crisis de esta magnitud y con la debilidad política del gobierno.
Ahí se sitúa, por ejemplo, la búsqueda de ingresos públicos adicionales, reduciendo subsidios como los de la electricidad y la gasolina (lo que no significa que es necesario revisarlos).
Pero la urgencia es tan evidente que no se puede esconder con argumentos sobre la regresividad de esos subsidios, es decir, que benefician a 20 por ciento de los hogares con mayores ingresos, según los técnicos de Hacienda. Pero en ese segmento está prácticamente toda la clase media del país, sobre la que debería sustentarse la eventual recuperación económica.
Se necesitaría una postura técnica, ideológica y política en el conjunto del aparato del gobierno y del Estado para enfrentar las enormes distorsiones que se han ido provocando en la economía mexicana y que tienen gran capacidad de recrearse.
Un asunto tiene que ver con cómo se hace esto en una situación casi desesperada como la actual; otro se ubica en el de los compromisos políticos que hoy son posibles. Paradójicamente, si esto no se hace con cuidado, las distorsiones más adelante en el sistema podrían ser incluso más perniciosas.
