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Imposible, dejar pasar este otro atentado, señala en comunicado

Protesta el sindicato minero por el desalojo en Pasta de Conchos
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Un minuto de silencio junto a 65 cruces de cal que colocaron familiares y organizaciones sociales alrededor de la sede de Minera México durante la misa mensual por las víctimas de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en la colonia Polanco, Distrito Federal, en septiembre pasadoFoto José Carlo González
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de agosto de 2009, p. 12

El sindicato minero protestó por el desalojo ilegal del grupo de viudas de Pasta de Conchos y asentó que la acción en la que participaron más de un centenar de uniformados del gobierno de Coahuila y guardias de la empresa Grupo México es un atentado más contra los deudos de los 65 mineros que fallecieron hace tres años por negligencia criminal de la empresa.

Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, asentó que Rogelio Montemayor García –hijo del ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy– aparece como el supuesto comprador de una planta lavadora de carbón a Industrial Minera México, del Grupo México. La acción violenta del pasado viernes es sólo el pretexto para apoderarse de la mina, dijo.

No podemos dejar pasar este atentado. Sería tanto como olvidarnos que allí está una tremenda tragedia sin soluciones a la vista debido al empecinamiento gubernamental y corporativo de no atender el asunto, afirmó en un comunicado Beltrán Reyes.

Aseguró que el SNTMMSRM ya estudia con sus abogados las acciones legales para contrarrestar esa agresión. Los derechos de los 65 trabajadores allí fallecidos no terminan con su muerte, ya que en ello hubo acciones criminales que exigen que los responsables directos e indirectos sean llevados ante la justicia para que paguen sus culpas en este homicidio.

Expuso que los presuntos compradores de la planta lavadora de carbón no presentaron documentos que los acreditara como nuevos dueños de la planta, ni hubo aviso de carácter judicial a las viudas y deudos de los mineros fallecidos. Además, en noviembre de 2007, la Secretaría de Economía canceló la concesión que Grupo México tiene sobre el yacimiento de carbón.

Puntualizó que las demandas de los mineros y de sus familiares de rescate de los cuerpos de 63 de los 65 mineros fallecidos sigue vigente, así como la exigencia de una indemnización digna y justa a viudas, familiares y deudos, y el castigo a los responsables directos e indirectos del homicidio industrial para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley y se haga justicia.

Reiteró que Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, de Grupo México, es responsable de la muerte de los mineros. Sin embargo, no ha sido procesado por ese homicidio industrial, lo que muestra el contubernio desde el gobierno que encabeza Felipe Calderón, sus funcionarios laborales y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hasta el grupo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari a través de su seguidor Montemayor Seguy, en favor de Larrea Mota Velasco.