Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron que el gobierno de Felipe Calderón ofrezca disculpas a la Iglesia católica por la irrupción policiaca del fin de semana en un templo en Apatzingán, pero no se ocupe de resolver las violaciones a los derechos humanos de los militares, ni de disculparse con la población civil.

El presidente de la Comisión de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, aseguró que la disculpa al obispo de Apatzingán, Miguel Ángel Patiño, no sólo refleja la orientación ideológica de la administración panista, sino que contrasta con las violaciones a la Constitución y la soberanía de Michoacán y con las denuncias, sin atender, por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías.

Recordó que desde el 26 de junio pasado, cuando Calderón afirmó que los jóvenes recurren a las drogas porque no conocen a Dios, se reforzó la orientación religiosa que le ha impuesto a su administración, lejos del respeto al Estado laico.

Desde la Presidencia, dijo, se justifica la violencia de los operativos que ha emprendido el mandatario en su guerra contra el crimen organizado y alertó que el país se enfrenta ahora al grave problema que significa el estado de excepción en el que nos encontramos, que limita seriamente el ejercicio de nuestras garantías individuales, como el simple hecho de practicar libremente un culto religioso distinto o no al católico.

El legislador perredista, quien es también secretario de la Comisión de Defensa, afirmó que el gobierno federal debe reconocer que el crimen organizado constituye una amenaza seria para las instituciones del país y a la seguridad nacional, que requiere un manejo integral, más allá del ataque armado.

Además, expuso, la ineficiencia de esa lucha emprendida por Calderón no justifica la violación a los principios fundamentales del Estado mexicano ni a los derechos humanos, por lo cual debe asumir la total responsabilidad por las agresiones a la población civil.

Por su parte, el diputado del PRI Samuel Aguilar Solís resaltó que las comisiones de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales han documentado los abusos cometidos por militares durante los operativos contra el crimen organizado, además que –expuso– con la justificación de que se trata de acciones contra la delincuencia, no sólo se cierra el tránsito en carreteras, sino que en los patrullajes se atropellan los derechos de la ciudadanía.

El caso más emblemático, recordó, es la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, pero los militares también han asesinado conductores, con el pretexto de que no se detuvieron para una revisión. No obstante, evaluó que los abusos se dan en el contexto del excesivo uso que Calderón le ha dado al Ejército para combatir al narco.