La vida y la salud de las mujeres se pone en riesgo en los estados en los que se penaliza el aborto, como ocurre con Alejandra Gómez, en Puebla, y otros casos en Jalisco, Guanajuato y Veracruz, afirmaron organizaciones civiles al calificar esas acciones como una regresión en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población femenil.

Advirtieron que documentarán los casos de criminalización a mujeres que interrumpen su embarazo, a fin de presentarlos en foros internacionales como evidencia del incumplimiento del gobierno de México de sus compromisos en la materia.

Axela Romero, directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), calificó de lamentable que se penalice el aborto, pues cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, lo hará de cualquier forma. El problema es que en las entidades en las que se han modificado las leyes locales, lo más probable es que ante el temor de ser llevadas a la cárcel, las afectadas desistirán de solicitar ayuda en los servicios de salud. Significa, afirmó, que se morirán en sus casas o en la calle.

Martha Juárez, de Consorcio Parlamentario para el Diálogo y la Equidad, resaltó que la embestida de los grupos de derecha que han promovido los cambios legales provocó que ahora las sanciones se apliquen sin mayor averiguación e independientemente de que pudiera tratarse de un aborto espontáneo.

Con situaciones como la que vive Alejandra Gómez, queda en evidencia la mentira de los legisladores que han aprobado las reformas en los estados y asegurado que no están en contra de los derechos de las mujeres. En la práctica vemos que gobiernos como el de Jalisco les niegan la atención que requieren incluso las víctimas de violencia sexual, y las persiguen judicialmente.

Aseguró que así ha pasado con algunas jóvenes en aquella entidad, en Veracruz y Guanajuato, y seguramente esta persecución se extenderá a otros lados, pues es común el abuso de poder de parte del personal de salud en instituciones de salud.

Por su parte, Axela Romero planteó que estamos ante el ejemplo más claro de que la ley pone en peligro la salud y la vida de las mujeres.

De ahí la importancia de mantener la lucha contra las iniciativas que están pendientes de presentarse en congresos locales, con el supuesto propósito de garantizar la vida desde el momento de la concepción.

Comentó el caso de Querétaro, donde los legisladores convocaron a un foro en el que se escuchen todas las voces. Las organizaciones civiles presentarán sus puntos de vista, aunque lo que ha prevalecido hasta ahora en prácticamente la mitad del país, es la cerrazón y procedimientos al vapor, resultado de pactos políticos entre los partidos.

A los organismos políticos no les interesa la vida de las mujeres, y en cambio, se da todo el espacio y reconocimiento a los argumentos del sector religioso, los cuales son respetables pero no se pueden generalizar ni pretender aplicarlos como dogma a toda la población, señaló la activista.

Romero denunció que en sus decisiones los políticos han carecido de una visión de género. Se olvidan de que la situación económica y la falta de acceso a anticonceptivos son factores que llevan a una mujer a elegir interrumpir el embarazo.