Cuernavaca, Mor., 5 de agosto. La Academia Morelense de Derechos Humanos (AMDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Grupo de Información en Reproducción Elegida solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizar las violaciones de los derechos de las mujeres, que se cometen con la reforma al artículo dos de la Constitución de Morelos, el cual garantiza la vida desde la concepción y penaliza el aborto.

Las representantes de estas organizaciones acusaron al gobierno mexicano de haber desatendido su deber de garantizar eficazmente los derechos de las mujeres, ya que las violaciones a las garantías individuales contradicen lo que nuestro país ratificó en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará: “hemos solicitado a la CIDH que analice la reforma y que declare que México es responsable por la violación a los derechos humanos de las mujeres.

La petición es la primera de una serie de denuncias para mostrar que el estado de Morelos no presenta un caso aislado, sino que es parte de una vulneración sistemática que también afecta a mujeres en otra entidades, afirmó Graciela Rodríguez Manso, de Fundar.

Patricia Bedolla, integrante de la AMDH, afirmó que el pasado 9 de junio, 150 mujeres de distintas organizaciones civiles de la entidad presentaron su queja ante ese organismo internacional, pero fue hasta la semana pasada cuando recibieron la respuesta de que la denuncia fue aceptada.

La inconformidad de las ciudadanas, explicó, se debe a que en más de 10 estados del país se ha legislado para garantizar la vida desde el momento de la concepción.

Asimismo, informó que a la CIDH se le hizo llegar información de lo que ocurre en el país sobre las violaciones a las garantías de las mujeres, pese que la Constitución les da el derecho decidir en su cuerpo, cuando hubo violación o cuando (el producto) está en riesgo; sin embargo, los estados están aprobando reformas que van en retroceso a los derechos que ha ganado ese sector de la población y castigan con cárcel o atención sicológica a quienes abortan.

Bedolla consideró que el juicio de amparo no es la vía legal a seguir, además, las mujeres no pueden obligar a los diputados para que legislen en favor de ellas, además de que este proceso es lento y sólo será válido para quienes utilicen dicho recurso legal.

La intervención de organismos internacionales, dijo, resultará más efectiva, porque es claro el retroceso, ya que se están vulnerando los derechos humanos de la población femenil en lo relacionado con su autonomía reproductiva, salud, vida y libertad.

Asimismo, Patricia Bedolla informó que en la petición a la CIDH también se denuncia la reforma al Código Penal de Morelos, que estipula el tratamiento sicológico como sanción, pues esta posibilidad ofende la dignidad de las mujeres al caracterizarlas como personas sicológicamente afectadas en caso que opten por interrumpir un embarazo no deseado al ejercer sus derechos a la salud y autonomía reproductiva.

Finalmente Fátima Juárez, de El Colegio de México, afirmó que continúan incrementándose las interrupciones de embarazos en el país, pese a las restricciones legales: el aborto inducido aumentó 64 por ciento en México de 1990 a 2006: de 533 mil en 1990 a 875 mil en 2006; de estos últimos casos 304 mil corresponden a la zona centro del país (que incluye a esta entidad).