El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer, por ocho votos a tres, crear una comisión que investigue los actos de negligencia y omisión en que incurrieron autoridades federales, estatales y municipales, que derivaron en la muerte de 49 menores y lesiones de otros más en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Los ministros se plantearon identificar a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que hayan incurrido en responsabilidad, examinar la operación y funcionamiento de los servicios de guardería subrogados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares, la situación actual de este tipo de convenios vigentes y revisar la forma como el Estado cumple su obligación de garantizar ese servicio social a los trabajadores.

Después, en votación dividida, acordaron que la comisión investigadora la integren los magistrados Carlos Ronzón Sevilla y María del Rosario Mota Cienfuegos. Éstos iniciarán sus labores el próximo 16 de agosto; a partir de esa fecha contarán con 15 días para entregar a los ministros un protocolo de trabajo y, una vez aprobado éste, tendrán un plazo de seis meses para entregar su informe.

Proyecto despedazado

Después de poco más de cuatro horas, los ministros de la mayoría despedazaron el proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que se proponía que la Corte no investigara.

Primero en hacer uso de la palabra, Aguirre señaló: Personalmente lamento en extremo que a los padres de los críos fallecidos o de los pequeños lesionados, se les engañe diciéndoles que la Corte puede y debe, conforme a su atribución, impartir justicia. Nada más falso.

Ante algunos de los padres de las víctimas citó la entrevista que el pasado 13 de julio un medio de comunicación le hiciera a la madre de uno de los menores fallecidos en la tragedia, a quien expresamente se le preguntó qué esperaba de la Suprema Corte y respondió que justicia.

Retomó también el argumento de que las comisiones creadas por la Corte para casos de violaciones graves a las garantías individuales no han tenido efecto alguno, porque sus conclusiones no son vinculatorias.

Después enumeró una serie de acontecimientos –desde desastres naturales en que hubo negligencia oficial, pasando por los casos Lobohombo y News Divine, hasta el avionazo en el que murió el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño– en los que la SCJN no ejerció su facultad de investigación.

Para concluir, Aguirre –quien contó con el respaldo del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y de Mariano Azuela Güitrón– dijo haber cumplido con su conciencia y añadió: Sobre nosotros no pesan ni pesarán, desde luego, presiones de profesionales de los medios, ni de políticos que parecen no entender nuestra función. Exhortó al pleno a no propiciar que se cumpla de nuevo la sentencia de Horacio: parirán los montes con estruendo para dar a luz solamente a un ridículo ratón.

Sergio Valls, quien fue el que solicitó a sus compañeros ejercer la facultad de investigación, dijo que era absurdo –como lo planteaba el proyecto– que en el incendio hubiera existido una actuación directa y voluntaria de autoridades; estamos ante omisiones y negligencias de las autoridades que tenían la obligación constitucional de preservar ante todo la vida y el cuidado de los niños y niñas.

Rechazó –como lo hicieron después José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza– el argumento de que el incendio accidental fuera un asunto entre particulares y subrayó que la guardería ABC no prestaba el servicio de forma particular, sino que estaba subrogada por el IMSS.

Agregó que las autoridades de Sonora y del municipio de Hermosillo incurrieron en responsabilidad al permitir establecer actividades mercantiles de riesgo en los alrededores de la guardería siniestrada.

Cossío hizo un llamado de congruencia a sus compañeros y precisó los lineamientos técnico- jurídicos que debía cumplir la comisión investigadora.

Góngora coincidió con sus compañeros en que el hecho de que la Procuraduría General de la República investigue y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido sus recomendaciones, no implica que la Corte no haga lo propio, porque cada una tiene su propio ámbito de competencia. Silva Meza abundó que la SCJN es la única que constitucionalmente puede determinar si hubo violación grave de garantías individuales y que, por ello, tenía que asumir su responsabilidad.

Sánchez Cordero apuntó que la pérdida de vidas en la guardería ABC les daba la oportunidad de discutir las condiciones en las que queremos que se desarrolle nuestra infancia, en que sus derechos deben tutelarse y la forma en que el Estado debe intervenir para tales efectos.

Fernando Franco puso énfasis en la revisión del esquema de contratación-subrogación que permitió la operación de la estancia referida, en el que el IMSS “nunca dejó de tener la obligación primaria y sustancial de supervisar y vigilar que se prestara el servicio en los términos que rigen a las guarderías del propio instituto.

Azuela, por su lado, dijo que se trata de un caso lamentabilísimo, pero que no se cumplía la condición de ser un hecho extraordinario que ameritara la intervención de la Corte.

Luna Ramos señaló que por el carácter excepcional, discrecional, la gravedad y la trascendencia de los hechos, la Suprema Corte debía intervenir para evitar que suceda una situación similar en el futuro.

Con la suerte definida, Ortiz Mayagoitia se limitó a apoyar el proyecto de Aguirre, en su totalidad, al que se sumó Azuela.