Aunque aún está por concretarse la primera reunión entre el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, para la discusión de fondo acerca de la cédula de identidad, integrantes del instituto consideraron necesario que el Poder Legislativo participe en el debate, e inclusive –según comentó el consejero Alfredo Figueroa– el Judicial, dado que es un tema que afecta al conjunto del Estado mexicano.

Algunos consejeros coincidieron en que fue errónea la forma en que se presentó el anuncio, en la medida en que, al menos en el IFE, ni siquiera habían consultado, aunque se valora la pretensión de modificar el entorno, pues –dijo Figueroa– se requiere una discusión amplia e integral sobre este instrumento de identidad que abarque diversos puntos: si sustituirá la credencial de elector o se mantendrán ambos documentos; si el IFE u otro organismo administrará el padrón, sea comicial o de ciudadanos, entre otras variables.

El consejero electoral advirtió que dada la historia en el país, la creación de la cédula de identidad no es un proyecto fácil, además de que se debe reflexionar sobre sus alcances en diversas vertientes, como el aspecto electoral, de seguridad o de otro orden. Señaló que a diferencia de algunas naciones, donde dicho documento es el instrumento básico a partir del cual surgen derivaciones de otros de carácter oficial, México no ha operado en ese esquema.

En esta lógica, el consejero subrayó la importancia que ha tenido el desarrollo de la credencial de elector en la consolidación de la democracia mexicana, de ahí la necesidad de que, como parte del debate en torno al planteamiento del Ejecutivo federal, debe abordarse el impacto que pudiera tener en el sistema electoral mexicano.

A pregunta expresa, no descartó que esto pudiera incidir, por ejemplo, en la participación ciudadana o, en su caso, si se opta por mantener los dos instrumentos, en complicaciones para la actualización del padrón electoral.

Por todo ello –dijo–, de lo que se trata es de una reflexión entre poderes del Estado, más que la aportación del IFE y la Secretaría e Gobernación, toda vez que el instrumento tendrá lo que se ha denominado implicaciones no deseadas, las cuales deben ponderarse desde ahora.

Las reacciones que la propuesta presidencial ha generado en la Comisión Permanente demuestran que el Poder Legislativo es una instancia que debe ser tomada en cuenta –advierte–, pues la denominada cédula de identidad puede tener efectos en el padrón de beneficiarios de los programas sociales u otros ámbitos de preocupación de los legisladores.

Al final se trata de que pudiera construirse un sistema de información ciudadana integral que tuviera diversos utilidades para el Estado y la sociedad, concluyó.