Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que se debe liberar a 40 de los indígenas presos por la masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997 contra mujeres, niños y hombres que rezaban en una capilla, el mensaje que estará enviando a la nación es que “cualquiera que trabaje para el Ejército, para el gobierno, haciendo trabajo sucio, gozará de impunidad, será defendido y no será olvidado por las autoridades”, sostiene Pablo Romo.

En entrevista con La Jornada, el coordinador del Observatorio de Conflictividad Social de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y ex sacerdote dominico en San Cristóbal de las Casas, destaca que en el fondo, de lo que se trata es de pagar una deuda que tenían el gobierno y los militares con la organización paramilitar que crearon en Chiapas. No sólo les entregaron dinero en efectivo a los grupos paramilitares que crearon en la zona norte de Chiapas, sino que les ofrecieron que todas las acciones que realizaban iban a gozar de impunidad.

Sin embargo, el ex religioso, quien estuvo en contacto con los indígenas de Acteal y conocía de cerca los problemas de la comunidad, resalta: “La matanza de Acteal, donde ejecutaron a mujeres embarazadas, ancianas, niños y hombres, es el único caso que no pudieron cubrir de impunidad. No lo hicieron con todos los actores materiales porque era tan infame y abominable frente a la opinión pública que ante las circunstancias, tuvieron que detener a los asesinos que la policía protegía”.

–¿Por qué considera que la Corte se apreste a revisar los amparos de los condenados por esta masacre?

–Se debe a que se tenía un pendiente, una deuda que seguramente es parte del pacto. Es clarísimo que tenían esta deuda los que hicieron el pacto con los paramilitares, que son el Ejército y el gobierno. Les debían cumplir su palabra de darles impunidad y protección, pero es gravísimo que la Corte resuelva dejarlos en libertad, porque el mensaje que manda es ominoso: estaremos con ustedes, velaremos por ustedes, les daremos protección.

–¿Qué debería hacer la Corte antes de decidir la libertad de los indígenas presos por la masacre?

–Espero que la Suprema Corte entienda que el asunto no se deba abordar sólo a partir de la detención de los acusados. La policía y las autoridades estaban encubriéndolos y se vieron obligados a detenerlos porque, como se recordará, los paramilitares que masacraron a los indígenas iban escondidos en un camión, debajo de los costales de café, pero en un recodo fueron vistos por los indígenas que iban en el cortejo fúnebre a enterrar a sus muertos. Los paramilitares iban escoltados por policías atrás y adelante, y cuando la gente los descubrió, y gritaron ellos son los culpables, no les quedó más remedio que detenerlos.

–Ahora dicen académicos, historiadores y autoridades que se manipuló el caso y se fabricaron culpables. ¿Esto es cierto, de acuerdo con lo que vivió?

–No se puede decir que se manipularon las pruebas. El presidente Ernesto Zedillo nombró al procurador general de la República, Jorge Madrazo, y a todo el sistema de procuración de justicia, incluso Emilio Chuayfett, quien fungía como secretario de Gobernación, y ellos no pueden estar tan tranquilos. O entonces, ¿quiénes fueron los responsables?

–Si la Corte sin investigar falla a favor de los amparos de los detenidos, ¿cómo se ubicará al país?

–En un retroceso. Regresaríamos a los tiempos más autoritarios. Si la Corte decide, simplemente, sin investigar, dejarlos en libertad (a los paramilitares), es más que obvio que iríamos a un retroceso, a los peores tiempos que ha vivido este país.