Madrid, 6 de agosto. El gobierno mexicano expulsó a España, por la vía de la Ley General de Población, al presunto miembro de ETA Juan Manuel Intziarte Gallardo, quien supuestamente vivía en México desde 1996 y una de las personas que reclamó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en alguno de sus viajes a México.

Según el historial de la policía española, el presunto etarra habría formado parte del comando Vizcaya entre 1983 y 1985, participando en varias atentados que costaron la vida a cinco policías españoles.

Desde que asumió el poder en México el Partido Acción Nacional (PAN), una de las cuestiones que cambiaron en política exterior fue la manera de abordar las peticiones por parte de España sobre supuestos miembros de ETA residentes clandestinos en México. Si antes se sometían a un proceso de extradición, en el que se garantizaba el derecho a la defensa de los detenidos, desde el año 2000 se instauró una vía al margen del acuerdo bilateral de extradición entre México y España, que consiste en aplicar al detenido la citada ley migratoria para, acto seguido, aprobar su expulsión y su entrega de policía a policía a España. Por esta vía ya han sido entregados 28 supuestos miembros de ETA, algunos de ellos liberados a poco de llegar a España y otros todavía en prisión.

En los últimos 15 años, únicamente seis supuestos etarras han sido extraditados de México después de un proceso judicial en el que se implicó personalmente el juez Garzón. Lo que significa que México ha entregado a España a 34 presuntos miembros de ETA desde 1995.