Las Pesadas, límites entre Colima y Jalisco, 9 de agosto. Los indígenas nahuas del sur de Jalisco preparan para esta semana la ejecución de un decreto presidencial que tiene 46 años en la Secretaría de la Reforma Agraria, y que lograría la restitución legal de la zona donde se ubica la mina Peña Colorada, en una región que se disputan Jalisco y Colima. La veta de hierro de la región es la más grande del país, y produce a Peña Colorada mil 500 millones de dólares anuales en ventas del mineral.

“El 26 de julio, en asamblea, los ejidatarios tomaron la decisión de retomar los linderos del ejido Ayotitlán. No estamos de ninguna manera viendo el problema de límites de los dos estados, pues un ejido puede estar en dos estados, y nosotros estamos enfocados ciento por ciento al problema de límites del ejido Ayotitlán (…) Hay una resolución para poder ejecutar el ejido Ayotitlán en forma parcial (…), y los ejidatarios verán qué hacer con respecto a los recursos naturales que queden dentro del ejido”, dijo Esteban Guzmán, encargado de la Comisión Permanente por la defensa de los límites del ejido Ayotitlán, y secretario general del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, quien está a cargo del plantón que los nahuas tienen desde el 27 de julio en esta ranchería, sitiada por policías colimenses.

Entrevistado en el campamento improvisado debajo de un ahuehuete a la entrada de Las Pesadas, Guzmán sostuvo que está decidida la llegada de un contingente de cientos de nahuas de los diferentes pueblos que integran el ejido Ayotitlán, en apoyo a la recuperación pacífica de sus tierras, iniciada hace dos semanas.

Detrás de él y del resto de los indígenas en plantón, el cerro desgastado de Peña Colorada se halla a unos tres kilómetros. Desde ahí, cada día se envían toneladas de hierro triturado a través de una vía que atraviesa la sierra hasta Manzanillo, Colima, para su refinado y posterior traslado a los centros de consumo vía férrea o marítima.

El encargado del plantón dijo haberse acercado a las dos compañías mineras que entrarían en territorio nahua tras la ejecución del decreto: Peña Colorada y Minera Monclova –filial del conglomerado Altos Hornos de México ( AHMSA)–, la primera con toda su concesión dentro del ejido Ayotitlán, y la segunda, parcialmente.

Con las pláticas se busca una indemnización ambiental para los nahuas por el uso de sus tierras ancestrales, lo que representaría un capital sustancial para los indígenas que hoy reciben menos de un millón de pesos anuales por parte de Peña Colorada, que de poco sirve para ayudarlos a resarcir la marginación en que viven.

Todavía no sabemos el día, pero será la semana próxima: la ley y la justicia nos asisten, advirtió Guzmán.

Alrededor del ahuehuete donde se guarecen los indígenas pasan patrullas, una de ellas de la Policía Ministerial de Colima, con dos agentes de civil que ostentan sus armas sin pudor. En la capital de Colima conocen de antemano el propósito final de los nahuas. El 6 de agosto pasado, el gobernador Silverio Cavazos advirtió en entrevista:

Hemos sido muy respetuosos y el gobierno de Jalisco le consta, con el señor gobernador (Emilio González Márquez) siempre hemos establecido un contacto directo. Sin embargo, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se vulnere nuestro territorio, y si es necesario en su momento, la policía de que podamos disponer la vamos a mandar, porque para eso son las fuerzas públicas, para generar la tranquilidad en todo lo que es nuestro territorio estatal.

La policía colimense está en Las Pesadas desde enero de 2008, imponiendo un cerco que tiene aislados a sus pobladores, de acuerdo con una queja que la Red Jalisciense de Derechos Humanos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 27 de julio anterior, con la llegada de los ejidatarios de Ayotitlán, la presencia policiaca creció exponencialmente, y hoy tres retenes controlan la entrada, el centro y la salida de la comunidad.

Los intereses económicos privados que existen en esta zona de tensión y litigio ubicada al sur de Jalisco y el noroeste de Colima se resumen en dos conglomerados: el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que pertenece a la multinacional Ternium, en cuyo consejo de administración para la división en México figura el ex director de Petróleos Mexicanos, Adrián Lajous Vargas.

El otro es AHMSA, que primero, mediante Minera del Norte y ahora con su también filial Minera Monclova, tienen concesionados ricos yacimientos con calidad hasta de 90 por ciento de pureza, en minas ubicadas en el territorio en litigio, de donde se transporta la materia prima en camiones a Manzanillo, para de ahí enviarla a la fundidora de Monclova en ferrocarril.

Según la página electrónica www.ternium.com, Ternium es una empresa con capital sobre todo italiano y argentino, productora de aceros planos y lar- gos con centros productivos localizados en Argentina, México, Estados Unidos y Guatemala, es líder en el mercado latinoamericano con procesos integrados para la fabricación de acero y derivados. Con un volumen de ventas mayor a ocho millones de toneladas al año, es el mayor fabricante de productos terminados de acero en América Latina.

AHMSA tiene su sede en Monclova, Coahuila, y se ostenta como la mayor siderúrgica integrada de México. Es propietaria y opera minas de hierro y carbón en varias partes del país, que abastecen la materia prima utilizada por la compañía en el proceso siderúrgico, situándose como uno de los productores con menores costos a escala mundial.

Datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE), mediante su Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, clarifican el alto impacto y presencia de ambos consorcios en la región que se disputan jaliscienses y colimenses.

En 10 años, de 2000 a la fecha, Minera del Norte obtuvo 10 títulos de concesión minera asentados en el municipio de Minatitlán, Colima, cinco durante 2003. En el municipio jalisciense de Cuautitlán, en ese mismo periodo, esta filial de AHMSA se llevó dos títulos de concesión, mientras que la empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada también obtuvo dos concesiones mineras en la misma demarcación.

El registro obtenido en la SE como empresas asentadas en territorio jalisciense con las dos concesiones que ostenta AHMSA y las dos de Peña Colorada, también sirven para determinar que en efecto, ambas empresas tienen minas en los dominios nahuas.

Existe además un boom de particulares supuestamente individuales, que se dio a partir de 2006 en Minatitlán, pues hasta antes las concesiones se entregaban a grandes consorcios como los que dominan el panorama minero de la región. En Jalisco fue un poco más tardío, pues la llegada de lo que muchos lugareños califican de prestanombres comenzó en 2007; antes, todas las concesiones sin excepción en Cuautitlán fueron para las grandes compañías.