Mérida, Yuc., 9 de agosto. Organizaciones civiles demandaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su similar de Yucatán (Codhey) impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el decreto gubernamental que elevó a rango constitucional la Ley de Protección a la Vida.

Agrupaciones como Buenas Intenciones, Indignación, Oasis de San Juan de Dios, Padres y Madres por la Diversidad Sexual, Grupo Yucatán, Red de Personas Afectadas por VIH y Yucatrans, entre otras, dijeron que con la aprobación y publicación del decreto, el Congreso y la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco elevaron la exclusión y el rechazo a rango constitucional.

En comunicado censuraron que la iniciativa promovida por conservadores y radicales, conlleve la prohibición de que otras formas de relaciones humanas o de convivencia puedan equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas.

La citada ley, surgida de la Red Pro Yucatán que aglutina varios grupos radicales y conservadores, fue aprobada por 24 de 25 diputados locales el primero de julio y publicada en el Diario Oficial del gobierno el 15 de ese mes, pero entró en vigor el viernes 7 de agosto.