Familiares de los alcaldes y ex funcionarios michoacanos que están encarcelados en Nayarit, por presuntos nexos con el crimen organizado, se manifestaron ayer ante el Congreso de Michoacán para demandar a los diputados que se sumen a la exigencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso, y se juzgue a los inculpados en su entidad natal.

El coordinador de la fracción perredista, Raúl Morón Orozco; el priísta Wilfrido Lázaro Medina y el coordinador parlamentario panista, Librado Martínez Carranza, integrantes de la Junta de Coordinación del Poder Legislativo local, atendieron a los manifestantes en el salón de sesiones, y acordaron apoyarlos en sus demandas.

Los inconformes solicitaron al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, que ofrezcan un informe detallado sobre los operativos contra el narcotráfico en el país.

Pidieron a la comisión de derechos humanos de Michoacán que dicte las medidas cautelares y las recomendaciones pertinentes sobre las presuntas violaciones a las garantías de los detenidos. Solicitaron la creación de una comisión legislativa que indague, dé seguimiento y presente informes periódicos sobre la situación de los detenidos.

Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD, Lázaro Medina y Morón Orozco, respectivamente, anticiparon que sus correligionarios votarán a favor del exhorto; el líder de la bancada del PAN, Martínez Carranza, se limitó a responder que la propuesta será analizada. El panista fue acusado por la esposa del ex edil de Uruapan, José Antonio González, de solapar al síndico de ese municipio, José Moreno Salas, de quien aseguró que es un testigo protegido de la Procuraduría General de la República.

El pasado 26 de mayo, 10 alcaldes y 20 funcionarios estatales fueron detenidos, después arraigados en la ciudad de México y más tarde trasladados a un penal de Tepic, donde son procesados. Tres alcaldes fueron liberados.