El contralor general del Gobierno del Distrito Federal y ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ricardo García Sainz, afirmó que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) tuvieron pérdidas al cierre del año pasado por 30 mil millones de pesos, lo cual perjudica el patrimonio de los trabajadores, sin embargo los accionistas lograron utilidades por 16 mil millones de pesos.

Durante su intervención en la mesa redonda El agotamiento de un modelo de desarrollo: ¿hacia dónde va México?, con el tema Modelo de gestión para combatir la pobreza, encuentro organizado por la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, afirmó que el modelo económico actual es un escenario inviable, que no puede ser soportado ni política ni socialmente.

Señaló que los trabajadores del país enfrentan servicios médicos deficientes, que se encuentran en absoluto y clarísimo proceso de desmantelamiento, así como instituciones de seguridad social en desintegración.

Suman ocho los problemas a los que hace frente el sector laboral, indicó. Además de los mencionados se refirió al rotundo fracaso de la reforma a la ley del ISSSTE, ya que la abrumadora mayoría de los trabajadores, casi 2 millones de ellos interpusieron amparos, y no firmaron la aceptación del llamado bono de pensión.

Por otro lado, indicó, subsisten regímenes privilegiados de pensiones, que simulan soluciones cosméticas y afectan a las futuras generaciones con efectos que se sentirán en 40 años.

Detalló el caso de las pensiones privilegiadas por años de servicio, donde se pueden jubilar grandes cantidades de personas en edades de alrededor de 50 años, que tendrán una supervivencia de muchos años, lo cual las hacen insostenibles para la actual realidad económica.

Los trabajadores del IMSS, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, así como de gran parte del sistema bancario y muchos otros grupos, están dentro de los regímenes de pensiones privilegiadas.

Aunado a ello se enfrenta una severa falta de recursos en las instalaciones médicas y hospitalarias, situación que se puede acentuar debido a la crisis que afecta severamente al país y que tendrá dos efectos fatales: la caída del valor real de los salarios y la falta de generación en empleos.

En materia de prestaciones y ante el trágico percance ocurrido en el estado de Sonora, refirió que las guarderías infantiles están notoriamente desfinanciadas y son insuficientes.

En su oportunidad, el secretario de Salud, Armando Ahued, dijo que en México las políticas neoliberales han mermado la presencia del Estado en áreas primordiales como la salud y las políticas sociales en beneficio de los pobres y marginados.

A pesar de los esfuerzos realizados por la Federación para ampliar el programa del Seguro Popular, su cobertura está lejos de ser universal, pues existen grandes sectores de la población que no cotizan en las instituciones de seguridad social, y las restricciones presupuestales han limitado severamente el desarrollo de las áreas médicas de vanguardia, consideró.

La descentralización inconclusa de la Dirección General de los Servicios Públicos de Salud Pública ha significado para el gobierno local la existencia de una entidad paralela a la Secretaría de Salud y la innecesaria duplicidad de funciones, añadió.

Indicó que si bien el Seguro Popular constituye una fuente de financiamiento, el uso de sus partidas presupuestales etiquetadas limitan las acciones de la secretaría a nivel local.

Debido a ese modelo económico desigual, el gobierno federal no ha podido paliar los efectos de la crisis ni usado el gasto social para reactivar la actividad económica, opinó.

En tanto, el aumento de enfermedades crónico degenerativas incrementa la demanda de los servicios de salud y exige del Estado una política de salud pública basada más en la prevención que en la atención médica.

Para crear un cambio de hábitos y conductas de salud, el GDF impulsa la creación de la materia de salud obligatoria en todo el sistema educativo, apuntó.

En las mesa participaron los investigadores Javier Bonilla Castañeda, quien hizo énfasis en cómo mejorar el rendimiento de la oferta pública en salud, así como Octavio Gómez Dantés, quien se refirió a la necesidad de fortalecer el gasto social para salud y la movilización de recursos locales y federales para ese fin.