Este miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará sobre cuatro demandas de amparo presentadas por 57 indígenas que fueron sentenciados por la matanza de 45 tzotziles, que el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en la zona de los Altos de Chiapas.

De acuerdo con fuentes de la SCJN consultadas ayer, los proyectos elaborados por tres ministros (Olga Sánchez Cordero, respecto a cuatro quejosos; José Ramón Cossío, de 14, y José de Jesús Gudiño Pelayo, de seis) proponen conceder el amparo liso y llano –y con ello otorgar la libertad absoluta– a 24 de los acusados, con el argumento de que no se acreditó plenamente su responsabilidad penal en los hechos. En otros 25 casos (que estuvieron a cargo de la ponencia de Sergio Valls) se sugiere negar el amparo a los quejosos.

El ministro Juan Silva Meza, quinto integrante de la primera sala, es el único que no ha recibido demandas de amparo.

Se prevé que otros tres tres ministros resuelvan hoy avalar los proyectos de Sánchez Cordero, Cossío y de Gudiño, y rechazar la propuesta de Valls, lo que implicaría que otro ministro sea designado para elaborar un nuevo proyecto en el que se impulse dar el amparo a los 25 indígenas, mismo que sería discutido por la primera sala en una sesión posterior.

Las fuentes no descartaron que de último momento alguno de los integrantes de la primera sala proponga mandar este paquete de amparos del caso Acteal al pleno del máximo tribunal de justicia del país, a fin de que sean todos los ministros (el pleno está integrado por 11 togados) los que se pronuncien sobre este tema, que ha sido uno de los más polémicos de la historia reciente del país.

Por la matanza de Acteal aún se reclama justiciaFoto Moysés Zúñiga

En su momento la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 86 personas como presuntas responsables de los homicidios de 45 miembros de la organización civil Las Abejas, entre ellos cuatro mujeres embarazadas y 15 niños. Varios de los detenidos eran familiares de los indígenas masacrados en la Navidad de 1997.

Según las fuentes consultadas, ninguno de los quejosos que este miércoles podrían obtener un amparo (lo que representaría su inmediata libertad) está relacionado con los 15 ex agentes estatales y oficiales públicos (denominados paramilitares), quienes en su momento recibieron condenas que van de 20 a 40 años de prisión.

Es decir, los asuntos que discutirán hoy los cinco ministros de la sala que revisa asuntos de carácter penal en la Corte tienen que ver exclusivamente con indígenas que fueron acusados de los delitos de lesiones, homicidio calificado y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Sobre los 24 indígenas que estarían en posibilidades de obtener el amparo, las fuentes de la SCJN indicaron que esto se debe a que, después de revisar los expedientes, los ministros instructores no encontraron pruebas que confirmaran las acusaciones en contra de los quejosos.

Incluso se habla de que hay testimonios en los que rechazan haber estado en el lugar de la masacre, o algunos afirman haber sido víctimas de actos de tortura de los fiscales que investigaron los hechos.