En la víspera de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delibere sobre cuatro amparos colectivos que solicitó un grupo de 41 indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de esa masacre subrayaron que ninguno de los presos que hoy claman justicia es inocente.

En conferencia de prensa, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la organización indígena Las Abejas y el tzotzil Mariano Luna, sobreviviente de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, lanzaron un llamado de urgencia a los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN para que estudien el caso, y advirtieron que si otorgan el amparo a los presos se desatará un nuevo éxodo de desplazados y los paramilitares arremeterán contra los sobrevivientes de la masacre.

Por separado, organizaciones agrupadas en la Red por la Paz manifestaron su más enérgico rechazo a la posible puesta en libertad de los autores materiales de la masacre, y demandaron a la SCJN considerar cuidadosamente las consecuencias de su posible resolución, ya que se podría poner en riesgo la paz pública y social, no sólo en el municipio de Chenalhó, sino en varios ayuntamientos chiapanecos.

Durante la conferencia, Sebastián Pérez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas, pidió a los ministros no ver el tema como un caso aislado de homicidios supuestamente ocasionados por conflictos interreligiosos o intercomunitarios, sino como un crimen de lesa humanidad que derivó de un conflicto de paramilitares propiciado por una guerra de baja intensidad, la cual fue promovida desde los años 90 por el Estado mexicano, con un saldo de decenas de comunidades chiapanecas desplazadas.

Por su parte, Luna expuso que la Corte no nos puede hacer esto. Yo sobreviví a la matanza, pero mi esposa, con siete meses de embarazo, no. Al bebé se lo arrancaron de la panza. Yo dije desde el primer día que son ellos (las personas sentenciadas) los paramilitares que dispararon. Y se los vuelvo a decir: fueron ellos. No deben salir de cárcel.

El director del Prodh, Luis Arriaga; Diego Cárdenas, del Frayba, y el líder de Las Abejas, hicieron hincapié en que los testimonios de los sobrevivientes del hecho –donde fueron asesinados 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, y hubo decenas de heridos– son suficientes para demostrar la plena responsabilidad de los presos.

Durante la conferencia fue inevitable traer a colación los argumentos planteados por los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes decidieron asumir la defensa de los procesados y pedir la intervención de la Corte, argumentando infinidad de violaciones al debido proceso de los sentenciados.

Cárdenas, que desde 1998 acompañó a muchos de los familiares de las víctimas cuando rindieron su declaración ante las autoridades, reconoció que, tal como ocurre hoy en las investigaciones policiacas, efectuadas en un sistema de procuración de justicia que viola garantías constitucionales, como la del debido proceso, no puede descartarse que los paramilitares que asesinaron a 45 indígenas en Acteal hayan sido afectados con procesos judiciales viciados de origen.

Pero aclaró que, si hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa, las autoridades federales, desde un principio y de manera deliberada, así lo urdieron, con el fin de que tarde o temprano se desbaratara el caso y los responsables quedaran impunes.

Agregó que, en todo caso, la SCJN debe revisar las diligencias que incumplieron los requisitos de ley, verificar si es posible relaborarlas y, si no, valorar el caudal probatorio, excluyendo esas pruebas viciadas. Lo que no pueden excluir los ministros son las testimoniales que los sobrevivientes, como testigos presenciales, han hecho. O, en todo caso, que la Corte haga su propia investigación, pues tiene facultades constitucionales para ello.

En Ocosingo, Chiapas, en un pronunciamiento de los organismos agrupados en la Red por la Paz –entre ellos el Frayba, así como Serapaz y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria– manifestaron su preocupación ante una posible liberación de los responsables materiales de ese crimen de lesa humanidad, por lo que demandaron a los ministros considerar su resolución.

Indicaron que la decisión puede derivar en una resolución fundamentada en la exclusiva revisión de formalidades respecto de los procedimientos judiciales, sin profundizar en las consideraciones del derecho que debieran llevar a determinar la responsabilidad penal de los autores intelectuales, garantizando así que un crimen de las dimensiones del que se cometió en Acteal no quede impune.

Agregaron que si se libra a los paramilitares, que han sido claramente identificados y señalados por las víctimas como los asesinos materiales, se ratificaría la incapacidad del sistema judicial mexicano para impartir justicia y se estará poniendo en alto riesgo la paz pública y social en municipios del estado donde operan grupos de corte paramilitar.

A la sesión que se efectuará hoy en la Suprema Corte asistirán sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas representadas por abogados del Frayba.