Campeche, Cam., 12 de agosto. Al grito de si no hay solución, habrá revolución, representantes de las organizaciones civiles de la otra campaña de Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, de la Juventud Socialista de México, y de la Resistencia Civil de No Pago a las Altas Tarifas Eléctricas de Candelaria, marcharon y realizaron un mitin ante el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de cinco activistas presos desde el pasado 10 de julio.

Durante la marcha por la liberación de los presos políticos exigieron a las autoridades frenar la represión, respetar los derechos de los ciudadanos que buscan evitar los abusos en el cobro de las tarifas eléctricas, y advirtieron que la policía atemoriza a las comunidades indígenas.

Repudiaron la detención de los integrantes de la resistencia civil de Candelaria, Sara López González, Guadalupe Lizcano, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, y advirtieron que han iniciado la lucha, que llevarán hasta las últimas consecuencias para lograr la liberación de los presos.

Criminalizan lucha social

Miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, integrada por organizaciones sociales, civiles y pueblos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, se sumaron al repudio y condenaron la detención arbitraria, así como el injusto proceso penal en contra de integrantes del movimiento.

Señalaron que el encarcelamiento injusto de estos luchadores sociales es parte de un operativo de represión, ordenado desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría General de la República (PGR) con el permiso de las autoridades estatales, y denunciaron que enfrentan 27 órdenes de aprehensión, averiguaciones previas por el delito de robo a la riqueza de la nación y el hostigamiento constante de agentes de las policías federal, estatal y municipal y de la CFE.

El proceso jurídico realizado por la CFE y la PGR en contra de nuestros compañeros y compañeras es un escarmiento a su actividad política y organizativa, criminalizando su lucha social mediante acusaciones apócrifas y ridículas, destacan.